28 de June de 2010 00:00

No todo va por buen camino

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MIGUEL RIVADENEIRA VALLEJO

Uno de los problemas de los que se adolece en la actualidad es la falta de eficiencia en la ejecución de la obra pública, de agilidad y calidad en el gasto porque por recursos no han faltado. Al contrario, se ha invertido en forma inédita enormes asignaciones.

Hace 15 días me referí en esta columna a los contrastes viales. Reconocí el sustancial mejoramiento del sistema vial, la enorme inversión pública que se ha hecho en esta administración para carreteras de concreto de primer orden. Lo último: la entrega de la vía Cuenca-Loja. Los notables avances en el sector público pero también el buen estado de las vías concesionadas, especialmente en el centro-norte de la Sierra, con servicios adicionales que reciben y destacan los usuarios, e incluso tramos que están en proceso de ampliación.

Igualmente precisé la falta de señalamiento en varias vías, el retraso en otras obras, la falta de acompañamiento y distorsiones de gobiernos provinciales. El caso de Pichincha en la vía de El Quinche y los peligros en la autopista Rumiñahui y el acceso al cantón Rumiñahui, hechos que son observados y confirmados por los conductores y la ciudadanía que recorren estos y otros caminos.

A esto se suma la denuncia por la lentitud burocrática en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que demora proyectos que son compartidos con los concesionarios de las vías administradas que se encuentran bien mantenidas a cambio de un peaje. Panavial señaló los incumplimientos en la ampliación de la vía Otavalo-Ibarra en las expropiaciones que se había comprometido hacer el Ministerio, que contemplaba el contrato: reubicación de postes de energía, redes de alcantarillado, agua potable, redes telefónicas, canales de riesgo.

En la ampliación entre el Puente Jambelí-Latacunga-Ambato también existe la queja por el incumplimiento del Ministerio del contrato en lo referente a las expropiaciones y la entrega del área liberada, con retrasos no solo en esta vía sino en los planes restantes previstos para el 2010 y los proyectados para el 2011.

Todo esto sin contar las denuncias de irregularidades presentadas contra las administraciones últimas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que han sido conocidas en la Asamblea, en donde la fiscalización vía juicio político está proscripta. No pueden ejercer ni los asambleístas oficialistas, peor de la oposición. Denuncias fundamentadas contra los ex ministros Marún y Ortiz. Fernando González, ex gobernador de Tungurahua en esta administración y asambleísta electo por el sector oficial, ha sido otro de los denunciantes de irregularidades, lo cual no le perdonaron y le sacaron del bloque porque llegó a señalar que se robaron 6 millones de dólares en la ejecución de la vía Ambato-Río Blanco, sin que esto se haya desvirtuado ni esclarecido debidamente.

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