Esta es precisamente la actitud de la Asamblea ante una marcha de las universidades que pedían que se reanuden las conversaciones inconclusas sobre el informe para la aprobación de una nueva Ley de Educación Superior.
Desde el momento en que se dio el primer contacto de los representantes del Sistema de Educación Superior con el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero y con la Comisión de Educación, se dio el compromiso de que habría diálogo.
Se realizaron agotadoras reuniones con los delegados de la comisión y se llegó a consensos sobre buena parte del proyecto. Pero no fue posible discutir todo, en especial las disposiciones generales y transitorias no pudieron ser ni siquiera conocidas. La comisión legislativa, sin embargo, no acogió todos los consensos, ni incluyó, como había sido el claro compromiso inicial, aquellos puntos en que no había consenso para que quedaran como alternativa para el debate en la Asamblea en pleno.
Así llegó al segundo debate un informe incompleto y en que no se recogían los acuerdos. Hubo entonces un nuevo compromiso público del Presidente de la Asamblea y del Presidente de la Comisión, de que antes de la votación habría un nuevo diálogo.
Ese diálogo es indispensable, puesto que hay muchas fallas técnicas en el proyecto. Por ejemplo, suprime la especialización superior de posgrado, vuelve irracional el reclutamiento de profesores, no se ponen normas para limitar las extensiones universitarias y controlar a las instituciones de baja calidad. Desde luego, sigue en pie la eliminación de la autonomía de los organismos de dirección y control de la Educación Superior para entregarlos al manejo del Ejecutivo.
A 12 días del debate final de la Ley, la universidad ecuatoriana planteó de nuevo el diálogo. La respuesta fue recibir a los delegados y negarse a retomarlo. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Educación Raúl Abad, luego de que el Presidente de la Asamblea abandonó la reunión.
Esta es una grave ofensa a la Educación Superior y un anuncio de que se va a remplazar el intento de acuerdos con la acción sumisa de los levantamanos. Todo indica que no les gusta la movilización ordenada y los planteamientos racionales. Parece que la receta mejor es la de la Ley de Aguas. Que la gente rodee el palacio y los amenace, tire piedras, queme llantas e interrumpa el tráfico. Entonces, bajo presión, quizá intenten hacer lo correcto: conversar y buscar consensos que son posibles.
Si no hay diálogo, la Ley de Educación Superior, producirá un retroceso. Ningún control efectivo de la mala calidad, ninguna medida contra las universidades deficientes. Solo el manejo de los organismos del sistema desde el Gobierno. Y eso es una mala noticia para el Ecuador.