Sebastián Mantilla

El neoextractivismo

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12 de June de 2013 00:02

Con bombos y platillos se hizo público el giro que va a tomar el Régimen para los próximos cuatro años: el cambio de la matriz productiva.

Este ha sido el eslogan a través del cual se han despertado una serie de expectativas, entre ellas el apoyo a las actividades productivas y el aumento de la inversión social.

No obstante, si analizamos con d etenimiento las acciones que ha tomado el gobierno del presidente Rafael Correa durante las últimas semanas, vemos contradicciones. Contradicciones por la decisión de dejar de lado la Iniciativa Yasuní-ITT y poner prácticamente toda la atención en la reforma de la Ley Minera. Esto, más que un cambio de la matriz productiva, significa un reforzamiento del modelo extractivista, en el cual, a más del petróleo, se incluirán en la canasta la explotación de minerales a gran escala como cobre, oro, entre otros.

Es lo que se conoce como "neo-extractivismo progresista" que, como dice Eduardo Gudynas, se caracteriza por la recuperación del papel del Estado a través de un control más directo de los emprendimientos extractivos, lo cual permita captar más excedentes y justificar este modelo con el ofrecimiento de apoyo a sectores productivos y planes de asistencia social.

Como se puede apreciar, esto no es un cambio de matriz: es el fortalecimiento de un modelo fuertemente dependiente de la explotación de minerales y de materias primas que son y deberían ser tomadas en cuenta como un recurso estratégico.

En pocas palabras, lo que está en juego con la reforma de la Ley de Minería es el perfeccionamiento de un modelo neo-extractivista que, lejos de llamarse soberano, se articula a las nuevas lógicas de articulación al capital transnacional y nuevas formas de hegemonía mundial.

Por ello, es un error no solo fortalecer de manera acrítica un modelo neoextractivo y mucho más ir a la reforma de una Ley de Minería que debe ser ampliamente debatida no solo en el pleno de la Asamblea Nacional sino por toda la sociedad.

Hay temas que son realmente sensibles como el entregar concesiones mineras a dedo y sin licitación a empresas estatales por periodos de 15, 20 o 30 años.

Si en realidad se quiere apuntalar un proceso basado en un cambio de la matriz productiva deberían, en primer lugar, reformar leyes claves como el Código de la Producción por ejemplo (no la Ley de Minería), para luego redefinir políticas y agendas sectoriales que apuntalen este nuevo giro que se le quiere dar a la economía.

El Gobierno debería tomar en cuenta que el no hacer bien las cosas le significará un costo político inmenso y pérdidas irreparables para el país por el perjuicio económico que pueda significar la explotación minera a gran escala, a más de la afectación ambiental y social.