Juan Cuvi

El negocio de la salud

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Columnista invitado

La mercantilización de la medicina es uno de los mayores obstáculos para garantizar los derechos fundamentales de la gente. Pese a la retórica reivindicativa de los organismos internacionales del ramo, y de varios gobiernos de la región, la salud es un negocio boyante en prácticamente todos los países de América Latina. La lógica del mercado es tan avasalladora que termina imponiéndose inclusive a las políticas de los denominados gobiernos progresistas. Esto quedó en evidencia en el reciente Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) realizado en El Salvador.

El sistema unificado de salud implementado en Brasil hace 25 años es considerado un modelo alternativo a escala internacional. Sin embargo, ha posibilitado un enorme crecimiento de los prestadores privados de servicios médicos. En Bolivia, la exagerada fragmentación de los servicios y del aseguramiento ha bloqueado todo intento del Gobierno por poner en práctica una política de aseguramiento universal. En Colombia y Perú la privatización del sector prácticamente ha creado un sistema de castas en el acceso a servicios. En El Salvador, las presiones internacionales están forzando al Gobierno a aceptar un modelo de asocio público-privado que mantendrá y profundizará un esquema de rentabilidad antes que de solidaridad.

El Ecuador no se queda atrás. Dos investigaciones realizadas en los últimos tres años lo confirman (P. Dávalos: Concentración y centralización de capital en el sector salud. El caso del Ecuador 2006-2010; P. J. Iturralde: El negocio invisible de la salud: análisis de la acumulación de capital en el sistema de salud del Ecuador). En efecto, la modalidad de subcontratación aplicada por el Ministerio de Salud y por el IESS ha desembocado en el mismo punto: la desmesurada transferencia de recursos públicos a grupos monopólicos privados.

Históricamente, el negocio de la salud se aprovecha de la debilidad crónica de los Estados para garantizar un servicio que debería tener una clara preeminencia de lo público. Tanto las limitaciones estructurales del Estado, como la necesidad de los gobiernos de responder a las expectativas de sus electores, presionan por estrategias que reproducen el mismo círculo vicioso: descargar en el sector privado servicios que, por norma constitucional, le competen al Estado. Y como todo negocio apunta a la expansión y acumulación del capital, el sector público nunca logra afirmar su hegemonía frente al sector privado.

Son estos los temas que deberían ocupar a la Unasur. En medio de la parafernalia festiva por la inauguración de la fastuosa sede del organismo, los gobiernos asistentes deberían fijar una posición que se alinee con postulados que por mucho tiempo han permanecido marginados por el simple afán de lucro.