Más allá del proceso y los resultados electorales, el saldo es lamentable por el cansancio y agotamiento por la confrontación que se ha patrocinado en estos diez años de gobierno. El país ha quedado dividido, polarizado y enfrentado, con un enorme desgaste y una herencia de enfrentamientos no solo sobre el pensamiento político sino hasta en las relaciones interpersonales y familiares. El análisis y el debate civilizado quedaron atrás porque las pasiones se impusieron, sin razones ni argumentos. Eso no construye un país sino busca la destrucción de presuntos enemigos.
Las diferencias y discrepancias son saludables en una democracia plena. Caso contrario se viviría en un cementerio en donde nadie critique nada. Otra cosa es atizar el fuego y propiciar la división marcada de expresiones de odio de clases, insultos, injurias, ofensas, que abren camino para una confrontación peligrosa, con violencia, intolerancia y agresiones, que el pueblo por su trayectoria pacífica no había vivido antes con esta intensidad. Últimamente con la presencia de extranjeros caribeños, que han sido actores silentes pero activos en favor del proyecto político de la revolución. ¿Eso es respeto a la soberanía e integridad territorial que dicen defender?
La democracia implica saber escuchar, dialogar y no imponer. Ante la falta de cultura política y educación cívica, ausentes de la enseñanza, la mala costumbre se ha impuesto, sin reparar los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos. Incluso, se aprobó el derecho a la resistencia (art. 98), pero de nada ha servido porque al contrario se ha criminalizado la protesta, como bien señalara el primer Defensor del Pueblo en esta administración, en un amplio informe que quedara para registro histórico.
Los debates civilizados quedaron atrás pese a que la Constitución que le hicieron aprobar al pueblo establece. Señala que el Estado propiciará el debate y la difusión de propuestas programáticas. El Código de la Democracia (art. 391) establece rondas de diálogo entre las organizaciones políticas de oposición y las otras instancias de representación. Incluso señala (art. 393) que el Presidente de la República o la máxima autoridad del nivel de gobierno deberá convocar a portavoces de la oposición a rondas de diálogo. ¿Para qué pusieron estas normas si no tienen vocación democrática de diálogo sino de imposición?
Este panorama de confrontación se pudo advertir desde el comienzo de la revolución bolivariana de Venezuela, hoy dictadura. La polarización ha sido marcada y allí están los resultados de un país en caos y en crisis en todos los órdenes, con los peores indicadores del planeta. En lugar de arreglar los problemas internos se buscan chivos expiatorios y se acusa a los enemigos del exterior, a la cabeza el imperio, de ser los responsables de la pésima administración interna.
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