Farith Simon

Necesaria pero insuficiente

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No importa cuántas veces comparezca el Presidente del Consejo de la Judicatura a informar sobre los avances en el sistema de justicia, en tanto no existan las condiciones para que cada operador judicial actúe con total independencia la reforma judicial no puede ser calificada como exitosa.

Sería necio negar las mejoras: se han reducido los tiempos de los procesos, ha crecido la tasa de resolución de causas, ha mejorado el acceso, se cuenta con mejor infraestructura, sistemas de archivo, mayor presupuesto y remuneraciones más altas. Por cierto, como debería suceder en todas las áreas donde se realizaron inversiones relevantes en estos años, es fundamental que se realice una auditoría completa de los cientos de millones de dólares usados.

Sin duda existen avances en un país que tenía los peores indicadores de funcionamiento del sistema judicial, con notables excepciones gracias a personas concretas que hacían bien su trabajo y ciudades, como Cuenca, donde los indicadores eran positivos. Más allá de excepciones la desconfianza e ineficacia eran signo del sistema.

Las reformas ejecutadas son necesarias pero insuficientes, en tanto no se asegure la independencia de la función judicial, condición indispensable para valorar a la justicia: cada juez, fiscal y defensor debe poder realizar su trabajo sin temor a represalias, presiones y chantajes.

Larga es la lista de casos que estos años han evidenciado el control político sobre el sistema judicial. La “metida de mano” hizo que algunos jueces y fiscales investigaran, procesaran, condenaran o absolvieran al ritmo de la política, de los intereses, de las sabatinas. Los que no seguían las consignas podían (pueden) ser sancionados bajo la figura del “error inexcusable”, con la cual el Consejo de la Judicatura, cercano al correísmo, puede castigar a los jueces por el contenido de sus decisiones. En entornos enrarecidos jueces y fiscales también pueden ser presionados por razones diferentes a la política, ya que, al confundirse las sanciones justas con las injustas, se crea un entorno de inseguridad e incertidumbre abriendo la puerta a la corrupción.

En las últimas semanas hemos podido atestiguar un cambio del discurso desde el Ejecutivo, el Presidente Moreno no ha usado su posición para enviar mensajes a jueces y fiscales; incluso varias decisiones han abierto la esperanza de nuevos tiempos, sin embargo si no hay una transformación institucional profunda- no se reduce a un cambio de nombres-, cientos de jueces, juezas, fiscales y funcionarios honestos, competentes y comprometidos seguirán bajo amenaza de sanciones por decisiones que desagraden a quien tiene el poder.

El cambio en la justicia es prioritario si en verdad se quiere terminar con las condiciones para el abuso, la corrupción y la impunidad. Tarea inmediata es la renovación de la Corte Nacional, deberíamos estar vigilantes para que no suceda lo mismo que con todos los procesos de “méritos” en que siempre ganaban los cercanos al poder.