Mujeres ecuatorianas

La doctora Cecilia Paredes Verduga se acaba de posesionar como rectora de la ESPOL, la primera mujer en dirigir una Politécnica Nacional en el Ecuador y si no estoy mal, la primera mujer dirigiendo una universidad pública en el país. No llegó a su cargo por ninguna política afirmativa, sino por votación de los diversos estamentos de su universidad y después de una encomiable carrera académica en Ingeniería y Ciencias de la Cerámica. Es un logro inmenso no sólo para su carrera sino para las mujeres del Ecuador que todavía tienen que caminar una gran distancia para lograr un mínimo de equidad en derechos, situación laboral, remuneración y jerarquía profesional. ¡Bien Mujeres Científicas!

Pero el ejemplo de la doctora Paredes es sintomático de lo que pasa con la lucha por la equidad de género en el Ecuador y diría que en toda Latinoamérica. Por un lado tenemos logros profesionales, académicos y políticos significativos no sólo a nivel regional sino mundial, pero por otro lado la sociedad, pero sobre todo la clase política sigue profundamente mezquina con otras luchas de género con un tema elemental: la no-violencia contra la mujer. Después de años de lucha del movimiento de mujeres, especialmente de la Coalición de Mujeres liderada por Rocío Rosero, es posible que esta semana la Asamblea Nacional pase la Ley de No Violencia contra las Mujeres. Pero una vez más, la ley fue “curada” no sólo de ideologías que no existen sino de la carne y los dientes que da a una ley significados y consecuencias prácticas en la vida real. Y en esto hay un trasfondo profundamente clasista, típicamente latinoamericano, que nadie se atreve a puntualizar.

La violencia contra las mujeres está presente en muchos ámbitos de la sociedad, pero sobre todo afecta a las más pobres. Es en parroquias rurales, en zonas marginales, en regiones pauperizadas del Ecuador donde la violencia de género toma un tinte cada vez más siniestro. ¿En verdad creen que una mujer pobre puede darse el lujo de perder una hora de trabajo y comida para sus hijos en una denuncia aunque ella haya sido víctima o uno de sus hijos o hijas? Una ley que no destine suficientes fondos y estructura atada al territorio, a gobiernos descentralizados no es más que una declaración de buenas intenciones. Si no hay presupuesto para varios niveles de ayuda, por ejemplo comisaría especializadas en territorios indígenas, en zonas rurales; centros de salud y redes de terapia, asistencia médica, sicológica, trabajadoras sociales; fiscales listos a realizar denuncias y perseguir el caso de oficios, una red de defensores especializados, en fin, todo un sistema de ayuda pública, a más de un nuevo currículum educativo que acompañe a estos procesos, nada pasará. La montaña habrá parido un ratoncito. Todo habrá cambiado para que nada cambie. En síntesis, el sermón del domingo habrá ganado la batalla, pero seguro perderá la guerra y de paso miles de sus feligresas.

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