Miguel Rivadeneira

No más muertes ni abusos

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La lección que deja el secuestro y muerte de los tres miembros de EL COMERCIO debe servir para que se tomen medidas a fin de que no se vuelvan a producir estos hechos. Incluso, que sea la oportunidad de trabajar por el retorno de la pareja de Santo Domingo que desapareciera en la frontera norte y de esclarecer tanto desaparecido que existe en el país.

Las investigaciones en el caso de los tres tienen que arrojar resultados concretos, tanto en Colombia cuanto en el Ecuador, para establecer responsabilidades y determinar la falta de controles y descoordinaciones que hubo al más alto nivel entre FF.AA. y la Policía, mientras un mayor y coroneles de esta institución chateaban desde el 2017 con el jefe del grupo irregular acusado de este y otros hechos criminales.

En el país se habla de más de 1 600 personas desaparecidas, aun cuando las cifras no se han podido precisar debido a que día a día existen nuevos casos (uno reciente de la profesora que se perdiera) y se suman a los existentes. Hay hechos emblemáticos que las indagaciones no han podido esclarecer hasta hoy. Pericias cuestionadas que no se hicieron en su debido momento. Se ha dado largas durante mucho tiempo, sin llegar con éxito a las conclusiones. Esa es la situación del estudiante David Romo, que desapareciera hace cinco años y un mes y todo sigue en suspenso. Su madre continúa la lucha y espera impaciente los resultados de las investigaciones y otra audiencia prevista para agosto próximo.

Qué decir de los abusos sexuales en los que hasta sacerdotes católicos y profesores han cometido desde hace años. El mayor número de casos en los centros educativos, especialmente durante la última etapa del nefasto gobierno del correísmo (2014-2017), como ha confirmado la actual administración del Ministerio de Educación con centenares de denuncias presentadas en la Fiscalía. La propaganda oficial de la época imponía la mentira de que todo era perfecto, mientras se tapaban infamemente estos hechos, se protegía a los presuntos culpables o se imponían tibias sanciones. Suspensiones temporales o cambios a otros establecimientos, con lo cual se consagraba la impunidad mientras las autoridades de entonces lanzaban amenazas.

Los casos siguen saliendo. La última semana esta cartera de Estado entregó más de 50 procesos en la Fiscalía. Horroriza conocer los hechos presentados oficialmente por las autoridades en medio de la impotencia y dolor de las familias.

Tanto abuso sexual de menores, que involucra a las autoridades por su desidia y negligencia, pero también el descuido de padres de familia. ¿Acaso no se recuerda el caso del Principito en un prestigioso colegio de Quito en el que metieron mano en defensa del sentenciado allegados al correísmo e incluso la profesora y esposa del déspota expresidente?