24 de February de 2010 00:00

Muerte a la vista

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CARLOS LARREÁTEGUI

Me refiero a la muerte cruzada, es decir la disolución de la Asamblea Nacional, la cesación del Presidente de la República y la consecuente convocatoria a elecciones generales, tal como lo contempla la Constitución de la República. Mientras el descenso de la credibilidad del Gobierno sigue en picada y ninguna de las recetas de antaño -sabatinas, cadenas nacionales, confrontaciones, etc.- parece contener la estrepitosa caída, se especula que el Gobierno está considerando muy seriamente la convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas como tabla de salvación, convencido de que el presidente Correa resulta imbatible en campaña.

Las noticias no han sido nada alentadoras para el Gobierno en estos últimos meses. La incontenible marcha de Guayaquil, las fisuras al interior del bloque oficialista, la calamitosa imagen del Ecuador en el exterior, la contracción progresiva del círculo gubernamental, las movilizaciones que se avecinan, son síntomas de una crisis política que viene leudándose muy lentamente. En un país sin instituciones como el Ecuador actual, el Presidente debe sostenerse exclusivamente en el apoyo popular expresado a través de las urnas. Si bien las elecciones son una condición necesaria pero no suficiente de una democracia, el Gobierno ha recurrido a ellas para presentarse como un régimen democrático ante el país y el mundo y, al mismo tiempo, arrasar con los otros elementos constitutivos de la democracia y estructurar un poder total. Bajo esa ecuación, el único instrumento de ataque y defensa que posee el Gobierno son las elecciones.

La muerte cruzada comporta enormes riesgos y oportunidades para el Gobierno y la oposición -si es que en realidad existe una-. Es bastante probable que, bajo las actuales circunstancias, el Presidente pueda ganar nuevamente las elecciones presidenciales. Su imagen podría ser rescatada en campaña y, sobre todo, difícilmente aparecerían opositores con peso nacional. Sería muy difícil, eso sí, repetir los triunfos arrolladores del pasado y obtener un mandato contundente, sobre todo en el plano legislativo. Eso significaría que el Régimen podría quedar cercado por una Asamblea adversa que, sin duda, se encargaría de reestructurar los poderes del Estado -Corte Constitucional, Corte Electoral, Consejo de Participación, etc.- y liquidar las leyes emblemáticas de AP. Bajo esas condiciones, una nueva victoria de Rafael Correa en las urnas resultaría pírrica.

Parecería ser que al haber forzado la reelección de Correa se cometió un inmenso error. Si el mandato inicial de 4 años era respetado, su capital político habría quedado casi intacto y la izquierda, bajo Correa, se habría convertido en un factor dominante de la política por mucho tiempo. El poder, muchas veces, embriaga.

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