Carlos Larreategui

Muerte a la libre empresa

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7 de November de 2012 00:01

Cuando los resentimientos y prejuicios de un Gobierno se convierten en fundamentos de su política pública, la legitimidad y la autoridad moral de su poder político desaparecen por completo. La reciente decisión de expropiar las utilidades de la banca y recortar los salarios de sus directivos se inscribe en esta lógica y engrosa el inventario de acciones gubernamentales movidas por el rencor. Los banqueros se unen a una creciente lista de enemigos gratuitos compuesta por gremios, sindicatos, colegios profesionales, ONG extranjeras (algunas nacionales también), universidades y hasta organismos multilaterales como el Banco Mundial, entre otros.

La expropiación de las utilidades y la regulación de los salarios del sector bancario decididas por el Gobierno marcan el final de una economía basada en la propiedad privada y en la libre empresa. A partir de ahora, el estado ecuatoriano adquiere ciertas formas propias del vasallaje feudal (agravado por antipatías y odios) y contradictorias con los esquemas de un sistema económico y político contemporáneo. Dicho sistema permitía al señor feudal extraer los excedentes productivos de su vasallos bajo coerción.

Es verdad que existen banqueros (hay excepciones conspicuas) que despiertan antipatías enormes. Su codicia, prepotencia y utilización del poder más allá de los confines de sus negocios financieros no son, precisamente, sinónimo de virtud. Los que hemos recurrido alguna vez a un crédito conocemos las humillaciones y maltratos que se imponen con frecuencia a los clientes. Todo eso, sin embargo, no confiere derecho alguno al Gobierno para tomar de los banqueros lo que no es suyo y generar un ambiente de absoluto desconcierto que terminará por derruir la confianza general.

Aunque resulte cuestionable la forma en que el actual Gobierno concibe la redistribución de la riqueza (subsidios directos e indirectos improductivos, crecimiento injustificado de burocracia parasitaria, etc.), una política pública que persiga dicho objetivo utiliza mecanismos tributarios fundados en la racionalidad, equidad y generalidad. Recordemos que durante estos últimos 5 años de gasto público y consumo desenfrenados, muchos sectores, no solo la banca, se han beneficiado de las políticas rentistas del Régimen. Habría sido más equitativo gravar a todos esos sectores cuyos excedentes excepcionales no han sido invertidos en el país y permanecen a buen recaudo ante la progresiva desconfianza que asfixia el ambiente productivo.

Las cargas tributarias son instrumentos de desarrollo social y solidaridad y por ello adquieren una dimensión moral. Cabría preguntarse, entonces, si existen fundamentos éticos para imponer nuevos impuestos mientras el Gobierno gasta el dinero público a manos llenas en rubros cuestionables e innecesarios.