César Montúfar

La muerte de la denuncia

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21 de October de 2013 00:05

Uno de los cambios del país político que se inauguró el pasado 24 de mayo ha sido el silenciamiento casi total de la capacidad de denuncia de la sociedad y de la clase política. El Ecuador transita por una modorra en que todo es felicidad, en que nada desentona con el mundo perfecto de buen vivir oficial. Por el contrario, el cuatrienio 2009-2013 se caracterizó por una dinámica en que la prensa independiente, sectores sociales y oposición política lograron poner en el tapete de discusión nacional diversos aspectos de la gestión gubernamental que implicaban situaciones de corrupción o de manejos ineficientes de la cosa pública. Saltaron a la luz denuncias como el Gran Hermano, Chucky Seven, el "come cheques", la narcovalija, Duzac, solo por mencionar algunos. Si bien todas ellas terminaron en la impunidad o fueron archivadas por el oficialismo en la Asamblea Nacional, al menos los ciudadanos pudieron enterarse de graves incorrecciones que el Gobierno pretendía esconder o minimizar .

Esto ya no ocurre más. En la nueva etapa de la Revolución Ciudadana la denuncia ha sido virtualmente suprimida del discurso público y hoy vivimos en un mundo feliz. Reina el silencio y la paz, todo está bien, la revolución sigue en marcha. Pareciera que todo funcionario cumple su deber y que solo la voz presidencial puede señalar errores y juzgar malos comportamientos. Y no es que este Gobierno haya logrado encaminarnos en el sendero de una acrisolada ética pública, sino que atravesamos, por acción deliberada del propio Régimen, por una situación de ausencia casi total de información desde el Estado a la sociedad, resultado del incumplimiento sistemático de la Ley de Acceso a la Información Publica y de decisiones arbitrarias como la del presidente Correa que prohibió a sus funcionarios atender directamente las solicitudes de información de los asambleístas. En consecuencia, se cortaron los flujos de información a los que los ciudadanos tienen derecho. Hoy toda la información la controla el Gobierno y de esa manera ha logrado esconder y ocultar a la sociedad lo que verdaderamente sucede en el país. Solo así se explica que no haya denuncias, que nada vaya por fuera de las postales del Ecuador que difunde la Secretaría de Comunicación.

El puntillazo final a la posibilidad de denuncia de la sociedad viene escondido en el artículo 184 del nuevo Código Penal. Esta norma establece que la persona que realice la falsa imputación de un delito será sancionada con de seis meses a dos años de cárcel. Ya podemos predecir lo que ocurrirá cuando alguien se atreva a denunciar algo a un miembro del Gobierno. Se avecina en el país un reino de silencio en que la corrupción y la ineficiencia serán sepultadas por el miedo, la impunidad y la complicidad.