Farith Simon

Moral autorreferente

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 28
Triste 1
Indiferente 4
Sorprendido 7
Contento 12

En un Estado laico lo público no puede usarse para promover opciones morales individuales, tampoco puede convertirse en juez de los proyectos de vida o en promotor de las ideas de perfección. El adoctrinamiento en una religión o determinadas creencias es incompatible con la laicidad estatal.

Se puede sostener, y con razón, que la misma idea de derechos humanos (la igualdad, el pluralismo) expresa valores que deben ser respetados y garantizados, así es, pero estos son la base de un acuerdo social que reconoce a la diversidad como sustento para elegir un proyecto de vida en la medida que no vulnere derechos de otros.

Todos podemos organizar nuestra vida en función de nuestras convicciones religiosas, políticas, opciones sexuales, etc., algo que puede limitarse si se realiza propaganda a favor de la guerra, apología del odio nacional, racial o religioso o que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Cuando se ejerce un cargo público ese derecho obviamente subsiste. Sin embargo, las creencias que ordenan sus vidas no pueden convertirse en sustento de las políticas públicas. La neutralidad estatal implica reconocer que el concepto de moral tiene distintas vertientes, identificarla con una sola religión o creencia es inaceptable.

La Constitución determina qué debe promoverse desde lo público; por ejemplo, algunas personas pueden creer que no es correcto diferenciar sexo y género, que estos son sinónimos, que el sexo es un hecho biológico que condiciona al género y que por lo tanto Este no se construye socialmente, etc.; sin embargo la Carta Magna los diferencia y ordena que las políticas, planes y programas públicos, así como en la educación, se incorpore un enfoque de género. Alguien puede creer que relaciones sexuales solo deberían tener las personas casadas y con fines reproductivos, sin embargo un enfoque público que asuma esto como “la” opción moral sería incompatible con el derecho que tenemos a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre nuestra sexualidad y vida y orientación sexual.

Respetar la diversidad es una obligación, por esto llama la atención que una asesora presidencial, en un documento oficial, defienda la idea de que el género “solamente es una cualidad gramatical”, que las opciones sexuales son antinaturales y que la intersexualidad es un “trastorno de desarrollo sexual”.

Estas declaraciones están a contramano de lo dispuesto constitucionalmente; sin embargo, lo que más debería preocuparnos es que a esa persona se le haya encargado el programa estatal de planificación familiar y prevención del embarazo adolescente; no parece la mejor forma de garantizar un enfoque respetuoso de la diversidad.

Lo público no puede ser usado para promover lo que se conoce como “moral autorreferente”, es decir, convertir opciones valorativas individuales en modelo a seguir por los demás.

@farithsimon