Carlos Jaramillo

‘Monstruosamente caro…’

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2 de February de 2013 00:03

Otro negocio de aquellos que provocan críticas y suspicacias han realizado recientemente altos funcionarios del Ministerio de Salud. Se trata de la adquisición del larvicida Bactivec, que “no cuenta con la aprobación de la OMS” y es “monstruosamente caro”, según informe técnico desfavorable y la opinión de un ex Ministro del ramo.

La compra por 65 millones de dólares se ha efectuado al grupo empresarial cubano Labiofam S.A. e incluye el viaje de ochenta médicos y salubristas de ese país para que adiestren a la población ecuatoriana en la utilización del biolarvicida para combatir al mosquito Aedes, que transmite el dengue.

Diario Hoy informó el 29 de enero que esta adquisición se ha hecho pese a que seis de los ocho profesionales integrantes del Comité Técnico del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria han cuestionado la utilización del biolarvicida Bactivec y han desmentido la aseveración de las autoridades de que ese producto cubano sí tiene aprobación de la OMS.

Más aún, el ex ministro de Salud, Luis Sarrazín, ha manifestado que “la eficacia del Bactivec no ha sido determinada; no tiene la aprobación de la Oficina Panamericana ni de la Oficina Mundial de Salud y es absoluta y monstruosamente caro”, pues, “se van a gastar 65 millones de dólares para dos años, cuando se puede tener el mismo resultado con un producto garantizado y como el Abate por siete millones anuales…”.

El actual Director del Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria ha respondido –agrega Hoy- que los seis técnicos de ese organismo “manipularon el informe” y que “detrás de ésto hay intereses”.

Es de suponer que no se habrá obtenido la versión oficial de la Ministra de Salud por la prohibición del Presidente de que los ministros suministren información a la “prensa mediocre, corrupta y mercantilista”. Es decir, a aquella que no es subordinada del Gobierno.

Pero lo cierto es que este caso merece el debido esclarecimiento, en guarda del buen nombre de los funcionarios públicos involucrados y para que no quede en la penumbra, como es costumbre, con mayor razón si está en juego la salud de la población del Litoral, donde ya se han registrado, en enero, las primeras muertes a causa de la temible pandemia. Los organismos de control tienen la obligación legal y ética de investigar de oficio esta denuncia y, en caso de que encontraren culpables de alguna irregularidad, someterlos a la justicia y que no ocurra lo de ocasiones similares, en las que más bien se ha perseguido a los denunciantes.

También ha sido motivo de preocupación la presencia de ochenta profesionales cubanos, cuando muchos médicos ecuatorianos, aptos para el desempeño de esas y otras funciones, no consiguen trabajo y forman parte de la legión de desempleados.