Se ha suscitado un nuevo caso de aparente mal manejo de contratos del sector público. Hay indicios de tráfico de influencias y monopolio, pero, para el Secretario de Comunicación, varios de cuyos familiares estarían involucrados, “es sólo un chisme”.
Diario El Universo publicó un reportaje en el que da a conocer que el Banco de Fomento y la Unidad Nacional de Almacenamiento otorgaron exclusivamente a la empresa Vialmesa ocho contratos, por un total de 3 300 000 dólares, pese a que en seis de ellos incumplió los requisitos establecidos para el transporte de la urea importada de Venezuela, para distribuirla con subsidio a los agricultores del país, negociación que también fue objeto de cuestionamientos, pero…
Vialmesa fue constituida el 15 de marzo del 2010, con tres accionistas, uno de ellos el chofer de un hijo del Secretario de Comunicación, con el capital inicial de 800 dólares. Ahora tiene 140 000 y cuenta con 18 tráileres que cuestan 1 900 000 dólares, según la investigación periodística.
El Gerente de Vialmesa reveló que el mencionado chofer prestó su firma y constó como accionista porque uno de los socios no podía intervenir por impedimento legal de la Central de Riesgos, lo que constituye una evidencia más de la forma sinuosa con la que se ha procedido. También confirmó que existen vínculos entre esa empresa y varios parientes del Secretario de Comunicación, pero que el reportaje no señala incumplimiento, sobreprecios ni perjuicio al Estado sino que sólo cuestiona dicha relación.
Ante este nuevo affaire, el presidente Correa volvió a descalificar al prestigioso periódico porteño y enfatizó que, a su criterio, Vialmesa ganó los contratos que le fueron adjudicados y que, en todo caso, corresponde a la Contraloría hacer la investigación pertinente y enfatizó, con cierta dosis de soberbia, que “haga lo que le dé la gana”.
Varios asambleístas de oposición condenaron la presunta irregularidad en estos contratos: Andrés Páez manifestó que para el Gobierno “todos los monopolios son malos, menos los de los Alvarado”; Enrique Herrería señaló que es otro caso de corrupción y que si hubiera una Fiscalía independiente habría dado lugar a que se dicten medidas de prisión contra los involucrados; César Rodríguez, ex Alianza País, advirtió que se estaría montando una red de testaferrismo, y Galo Lara solicitó a la Fiscalía que tome acciones en este nuevo caso que despierta conjeturas sobre la forma con la que se manejan los asuntos del sector público.
Lo correcto es que los funcionarios del Gobierno demuestren que actúan con las “manos limpias”, como afirman, y que los organismos de control asuman su responsabilidad con ecuanimidad y sin presiones frente a esta denuncia seria y con fundamento.