Marco Arauz

Mirándonos el ombligo

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23 de June de 2013 00:01

Seguramente el Defensor del Pueblo hace el siguiente razonamiento: el Gobierno representa al pueblo, y defender al Gobierno es defender al pueblo. Es difícil encontrar otra explicación para justificar el modo diligente en que actuó, de oficio, contra el diario Hoy, en concordancia con los intereses gubernamentales.

En efecto, el Defensor tomó la posta en un reclamo de rectificación de la Secretaría de Comunicación en contra del matutino quiteño, por haber supuestamente tergiversado una nota de una agencia internacional que recogía el punto de vista del presidente Rafael Correa sobre el matrimonio homosexual. Al fundamentar su actuación, argumenta que Hoy ha violado 'el derecho a recibir información veraz, verificada y contextualizada'.

Es necesario analizar si este exsubsecretario Jurídico del Ministerio de Gobierno ha actuado con la misma presteza para defender causas que no son del Gobierno. Y, si bien algunos juristas creen que detrás de la actuación del Defensor cabe el debate de si está defendiendo a una minoría o al Gobierno, lo que queda fuera de toda duda es que los medios tienen en él a una autoridad sancionadora más, como si estas hicieran falta.

En la Ley de Comunicación firmada ayer por el presidente Correa habrá un Consejo de Regulación que, como ya se ha hecho notar, estará conformado desde los organismos afectos al Gobierno, y una Superintendencia, también de origen político, que podrá disponer la investigación de posibles delitos.

Si bien, voces internacionales prestigiosas se han hecho escuchar para señalar las violaciones del derecho a la libertad de expresión que contiene la Ley, nada parece sacar de su estado eufórico a las autoridades gubernamentales frente al que consideran su gran logro.

Al minimizar el pedido del Relator de la Libre Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, para que la Ley regrese a tener el debate que no tuvo en la Asamblea, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República dice que la estructura actual de ese organismo internacional es oligárquica, es decir, aclara, anticuada. Ya no es nada nuevo considerar los cuestionamientos mundiales como un atentado a la soberanía nacional.

Pareciera que el nuevo orden mundial, del que imaginan ser parte, se construye no sobre derechos universales y su respeto, sino sobre un gran voluntarismo y sobre la arrogancia. Ahí están figuras como el linchamiento mediático, la información como un servicio público y la responsabilidad vinculante, para citar ejemplos de suprema originalidad.

¿Este Gobierno podrá sustraerse del respeto al derecho a la libre expresión? No será el Defensor del Pueblo quien dé la pelea, pero hay que confiar en que la comunidad internacional, como ya ha sucedido frente a otros temas, nos saque del extendido oficio nacional de mirarnos el ombligo.