Pese a los principios democráticos y los derechos consagrados en la Constitución vigente y el Código de la Democracia, la representación de las minorías desaparece de hecho. Si algo quedaba, la intolerancia del poder lleva a eliminar las pocas voces críticas en una representación pública, especialmente en organismos importantes que constitucionalmente están obligados a combatir la corrupción y a ser garantes de los procesos electorales. El control total de las instituciones se evidencia aunque tiene fachada democrática por los concursos que abren con formalidad, con supuestas veedurías ciudadanas, y se esfuman los necesarios contrapesos.
Quien gana una elección tiene la facultad de dirigir y ocupar mayoritariamente los puestos de representación y cumplir y hacer cumplir la Constitución, pero en el ámbito de su competencia como señala esta norma superior. Las minorías tienen derecho a espacios de representación, más aún cuando tanto se promociona la participación ciudadana y los denominados concursos públicos que en la práctica conducen siempre a la designación de los identificados con el Régimen.
Los sucesos ocurridos recientemente en la designación de organismos de control evidencian claramente que todos, sin excepción, han estado vinculados con el oficialismo. Eso ocurrió en el Consejo Nacional Electoral y sucede en el proceso de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene el mandato constitucional de combatir la corrupción y poco ha hecho.
Curiosamente, los primeros finalistas para ocupar las siete consejerías son todos cercanos al Gobierno y han ocupado algún cargo o función. Por ello, los cuestionamientos fundamentados al proceso de concurso que, como señalan las normas vigentes, son públicos, aunque no se cumple a plenitud, debido a las reservas en determinadas instancias. No quiere aceptarse que en un concurso público quien participa queda expuesto al escrutinio general.
Se publican los nombres pero no todos los expedientes para conocer los méritos y deméritos que tiene cada uno. Se advierte la calificación de méritos en forma subjetiva. Quienes tienen menos experiencia sacan un puntaje en las pruebas de oposición y se complementa con buena nota en los méritos. En cambio, hay casos que tienen buena nota, reflejada por sus conocimientos, trayectoria y experiencia, pero en los méritos son calificados más bajo.
Lo que sucede es que los primeros años con la nueva Constitución y los organismos conformados no hubo buenas experiencias para el poder porque llegó una minoría, por méritos según el concurso inicial, pero que resultó una piedra en el zapato porque no calzaron en el esquema admitido en la actualidad de sumisas y sumisos. Lo más sugestivo es que los integrantes de un consejo tienen que llevar a cabo un concurso para designar a los del otro consejo y viceversa cuando cumplan sus períodos.
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