El 20 de mayo será un día que difícilmente pueda ser borrado de su memoria. Es lo que puede concluirse al analizar los testimonios de los pobladores de los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro luego del brutal operativo militar que destruyó 70 retroexcavadoras que eran utilizadas por mineros informales para la extracción de oro.
Tengo que confesar que me he quedado sensiblemente afectado. Digo esto porque este despliegue de cerca de 580 militares fuertemente armados, en camiones y helicópteros, no fue visto ni cuando Colombia violó nuestra soberanía y perpetró el ataque al campamento de las FARC en Angostura.
Digo esto porque, pese a existir un dictamen de un juez que pertenece a una función que el mismo gobierno dice cuestionar, se ha violado de manera craza las garantías constitucionales de presunción de inocencia, propiedad privada y derecho al debido proceso. Las cerca de dos mil familias que viven de la actividad minera en la provincia de Esmeraldas, han pasado a ser, por obra y gracia de un juez o un ministro, de mineros a criminales.
Digo esto porque, pese a respetar y considerar en sumo grado a la institución militar, veo que nuevamente se la está mal utilizando. La misión de las FF.AA. no es emprender operaciones en contra de civiles. Esto, por más argumentos del gobierno, es un ejemplo del uso “ilegítimo” de la fuerza. Parece que no aprendimos de Dayuma, Zamora y otros ejemplos nefastos ocurridos en Ecuador y América Latina.
Si analizamos con atención las declaraciones de los Ministros Xavier Ponce, Homero Arellano y José Serrano no pueden ser más pobres y carentes de fundamento.
Para el primero, la actividad minera en Esmeraldas causa contaminación. No sé si piensa igual sobre la explotación a “cielo abierto” que planifican las grandes compañías en la provincia de Zamora Chinchipe y ante quiénes el discurso de la revolución ciudadana ha encontrado sus límites. Aclaro. El giro hacia la derecha y el entreguismo al capital es inocultable. Sugerencia: la veneración Franco o Mussolini les queda mejor.
Para el segundo, quien no acierta sino a repetir y hacer lo que le dicen, los mineros informales de Esmeraldas son delincuentes. “No solo hablamos de una actividad irregular sino delincuencial, de un fraude al fisco, lavado de dinero, explotación laboral”.
Para el tercero, éstos son criminales. “La minería ilegal es un crimen. Tiene actividades conexas como el lavado de dinero, porte ilegal de armas…¡Cómo van a comprar una retroexcavadora de USD 300 mil dólares!”.
Los pobres de mi país no son criminales. Más de cuatro años en el poder no les ha servido para nada. Difícil para un régimen que no aprende de sus propios errores.