Cecilia Pérez Jara, ministra general de Gobierno de Chile, en nombre del presidente Sebastián Piñera, al inaugurar un encuentro entre directores y editores de diarios y periódicos de Perú y Chile y al referirse a la cuestión limítrofe entre ambos países, sobre la que habrá de fallar la Corte Internacional de Justicia de La Haya a mediados del año próximo, fue muy enfática en resaltar en que sin desmedro de la legítima defensa de la patria y del territorio, por sobre ello son y serán países y pueblos comprometidos con la paz y convencidos de avanzar y progresar juntos.
Ese fue el tono que presidió las deliberaciones del cuarto encuentro entre los periodistas, -el anterior se celebro en Lima en mayo pasado-, que abordaron el tema limítrofe, siempre sensible, complejo y delicado y más cuando hay que llevarlo a la opinión pública, pero también otros tópicos como los problemas de libertad de prensa que enfrentan hoy algunos países de la región, muy en particularmente Argentina, Venezuela y Ecuador, y la necesidad de evitar cualquier debilitamiento de las organismos interamericanos de defensa de las libertades y derechos humanos.
Y mientras eso ocurría en Santiago, desde Bogotá, irrumpió en el espectro informativo la inesperada, sorprendente y airada reacción del presidente colombiano Juan Manuel Santos, frente al fallo de la Corta de La Haya que definió la controversia sobre soberanía marítima que Nicaragua y Colombia había sometido a su jurisdicción. La reacción del Gobierno colombiano, que señala errores y vacíos a la sentencia, prevé de alguna forma “ recurrir” un fallo que es inapelable, con reclamos ante las Secretarías de la ONU y de la OEA, e incluye el anuncio de un eventual retiro del Pacto de Bogotá, que reconoce las jurisdicción de La Haya y a la cual hasta ahora está sometida, le guste o no, Colombia.
Esta conducta del gobierno de Santos no le está haciendo bien a su imagen y amenaza a deteriorarla más. Por el contrario, ha contribuido a sumar calma respecto a la controversia entre chilenos y peruanos. De una forma u otra, a través de voceros, analistas, ex cancilleres y los propios cancilleres, se ha dejado bien claro que el caso colombiano-nicaragüense no se asemeja al peruano-chileno. Ambos países y gobiernos tienen como conducta, por tradición y por convicción, respetar las decisiones de organismos a cuyas jurisdicciones están sometidos.
Seguro que no se va a llegar a una guerra en el Caribe, pero da para especular. Muchos se preguntan qué van a hacer los países de la Alba -Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y su casi miembro Cristina Kirchner- ante esta actitud de Colombia que no le quiere reconocer su nueva soberanía marítima, a su socia Nicaragua.