Andrés Vallejo

¡606 millones más!

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En mayo de 2015, hace más de tres años, el diario EL COMERCIO fue obligado, en acción de abuso gubernamental, a publicar una “rectificación” diagramada por el Gobierno, a la información de que el proyecto Coca-Codo-Sinclair costaba, a esa fecha, USD 606 millones más que lo establecido en el contrato original. La información de EL COMERCIO se basó en documentos oficiales expuestos por el presidente Correa en el enlace del 21 de marzo, publicados en el diario oficial El Telégrafo y en un dictamen emitido por la Senplades. Nadie aclaró nunca la razón para que Coca-Codo-Sinclair cueste USD 606 millones más. Y ahora que las noticias son de que en el mayor productor de energía se han producido centenares de microfisuras en los distribuidores y problemas en un transformador –al año de su inauguración- y de que la garantía otorgada por los constructores disminuyó drásticamente a pesar de que todavía no existe la recepción definitiva, tampoco ha recibido el país la explicación para que haya costado 606 millones adicionales.

La mayor obra hidroeléctrica no puede quedar bajo sospecha, por su magnitud y su importancia.

La reducción del 75% de la garantía de cumplimiento del contrato ha dejado cubierto al Estado en apenas el 2,4% del valor original del contrato y en el 1,91% del valor incluidos los 606 millones hasta ahora no explicados. Más grave si, como se publica, la reducción de la garantía se produjo en diciembre del 2016, habiendo los fiscalizadores del proyecto notificado de la existencia de las fisuras en febrero del 2015, y pedido la extensión de la garantía por diez años.

¿Es un procedimiento normal en la contratación pública que la garantía de fiel cumplimiento del contrato se reduzca tan drásticamente a la recepción provisional? ¿Existe un procedimiento de excepción para este caso?

Alarma también que el Ministerio de Energía reconozca que la producción de energía ha sido de entre 60% y 70% de la capacidad instalada porque la demanda no justifica una producción mayor y, también, según versiones técnicas independientes, porque el embalse que almacena el agua sería relativamente pequeño para generar 1 500 megavatios permanentes, lo que implicaría una sobredimensión de la obra y su consecuente exceso de costo.

Nada de esto debe quedar flotando en el ambiente. Todo lo relacionado con la mayor obra construida en el país deben ser debida y explícitamente aclarado: los aspectos técnicos que la justifican, su real capacidad de generación, si los contratos contemplan condiciones de excepción, la razón de que, según documentos oficiales, costó, a abril de 2015, antes de que se termine la obra, USD 606 millones más de los establecidos en el contrato original, cuál es el costo final, el estado de la recepción de la obra y las garantías existentes.

Una tarea que probablemente solo la puede asumir el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.