Sebastián Mantilla

Militarizar la seguridad

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2 de May de 2012 00:07

El pasado miércoles, durante el cambio de mando de las Fuerzas Armadas, el Presidente de la República reconoció que una de las principales preocupaciones de su gobierno es el incremento de la inseguridad y del crimen organizado.

En este sentido, el presidente Correa ha afirmado que los militares deberían intervenir en el combate de los factores que generan inseguridad y violencia. Las Fuerzas Armadas, ha dicho, “deben trabajar en seguridad interna… Si hay una guerra estamos obligados a enfrentarla y ganar”.

La idea de militarizar la seguridad no es una nueva en Ecuador. En varios países de América Latina se ha aplicado esta fórmula con resultados más negativos que positivos. Baste mencionar el caso de México. En lugar de disminuir los índices de inseguridad, estos han aumentado. 150 mil personas están directamente involucradas en el narcotráfico. 500 mil mexicanos se ganan la vida en sectores relacionados con las drogas. 23 mil jóvenes trabajan como “sicarios” o “alas paramilitares” de los carteles. La violencia generada por los carteles ha producido cerca de 18 mil muertes entre el 2006 y el 2009.

El Plan Mérida, apoyado por los Estados Unidos desde inicios del 2000, así como la iniciativa del presidente Felipe Calderón de luchar contra las drogas, recuperando el territorio tomado por los carteles usando para ello Fuerzas Armadas y Policía, no ha dado frutos. En la reciente Cumbre de las Américas, el presidente Calderón no sido claro y enfático en reconocer su fracaso en la lucha contra el crimen en México: “nos metimos en una guerra que no podemos ganar”.

Y aunque en el caso del Ecuador, la Constitución establece que la misión de Fuerzas Armadas es defender la soberanía y la integridad territorial, debe analizarse con profundidad la conveniencia de su intervención en tareas que no han sido preparados como son la protección interna y el mantenimiento del orden público, algo que es propio de la Policía. No solo que ello puede resultar nulo, tomando como ejemplo el caso de México, sino peligroso: elementos de las Fuerzas Armadas puedan verse involucrados en casos de violación de los derechos humanos.

Hay tareas que sí pueden hacer pero que deberían estudiarse con cuidado: erradicación de cultivos de coca; interdicción de droga y precursores químicos conjuntamente con la Policía; inteligencia y contrainteligencia para desmantelar redes del crimen organizado; entre otras. Sin embargo, todo esto puede fracasar si no se emprenden acciones coordinadas y coherentes para definir políticas, estrategias, planes y programas diseñados especialmente para combatir las causas de la inseguridad. Tomemos en cuenta que esto no se logra con más policías y militares en las calles. Deben existir acciones integrales que articulen políticas de inclusión social, con generación de empleo y garantía de derechos para poblaciones en situación de marginalidad.