Enrique Echeverría

Militares y emisora

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Entre las “enmiendas” a la Constitución, la quinta se refiere al Trabajo y Responsabilidades de las Fuerzas Armadas. Hasta hoy, “las FF.AA. tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

La protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional” .
Con la reforma (léase enmienda) el deber militar se amplía: deben ocuparse de la seguridad “integral” del Estado.
En el año próximo podría haber protestas durante la actividad político-electoral.

Y los militares deberán cooperar en el control, incluso apresando a rebeldes que, más tarde, pudieran ser calificados de terroristas.


Transcurrirá el tiempo y tal cual está aconteciendo ahora respecto de los actos de represión acaecidos hace 30 años, los golpeados y reducidos a prisión, podrán reclamar ante una nueva Comisión de la Verdad, por torturas, violación, maltratos físicos y hasta desapariciones forzadas, aunque evidencias físicas no habrá, dado el tiempo transcurrido.

¿Quiénes serían en ese futuro probable los investigados, acusados y condenados? Militares, pues a ellos se encargaría, por lo menos en parte, el control del orden público sin que, por su estricta disciplina, puedan negarse a intervenir.

Gravísima responsabilidad para el Comando Conjunto, que debería acatar el pedido del Gobierno. 
En lo administrativo, el entendimiento de la ley es un tanto elástico. Se puede entender mejor, si analizamos lo que sucede con Radio Democracia.

Por lo publicado se concluye que en el año 2004 Conartel había renovado la autorización para la frecuencia 920AM; 11 años más tarde, la autoridad de turno ha desestimado la decisión de Conartel, pese a que Radio Democracia ha cumplido estrictamente las obligaciones no solo de la ley sino del órgano administrativo.

La Constitución actual dictada para 300 años, dispone: “Corresponde a toda autoridad “administrativa” o judicial garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”. Si la autoridad actual estima que la renovación de la frecuencia 920AM no ha sido legal, Radio Democracia debería tramitar nuevamente la renovación de esa frecuencia. Mas, teniendo en cuenta que no goza de la simpatía de la autoridad, lo probable sería que nieguen la renovación.

Entonces, dejaría de operar en la frecuencia aludida. Un modo ingenioso, pero contrario a la Constitución y Tratados internacionales sobre libertad de expresión como la Declaración Universal de la Asamblea General de Naciones Unidas; el Pacto de Nueva York, de 1966; la Convención de 1969, Costa Rica; la Declaración Americana de Derechos y Deberes, entre otros, al callar la voz de un medio que no tiene el afecto de la autoridad de turno. 
Solidaridad para Radio Democracia y votos por que respeten su derecho.