Dimitri Barreto P.

La sujeción militar al poder civil

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Antes del correísmo, académicos denunciaban el excesivo poder de las Fuerzas Armadas de Ecuador. Una ley orgánica, herencia de la dictadura militar de los setenta, otorgaba al Comando Conjunto de las FF.AA. atribuciones no contempladas en la Constitución de 1998.

El Alto Mando estaba en los directorios de los principales organismos del Estado y sin su informe favorable era imposible edificar carreteras, aeropuertos, sistemas de comunicación o explotar el petróleo. Las FF.AA. ejercían poder con base en sus planes de guerra, porque encontraban en el Perú una amenaza latente. Y eran jueces de sí mismos, con fiscales y jueces uniformados y fuero específico, lejos de la justicia ordinaria. Manejaban un holding de empresas. Su vínculo con el poder civil era un ministro de Defensa que había dejado las charreteras de general.

Aquello, 10 años después, ha cambiado. Los militares son procesados por jueces civiles, las FF.AA. ya no definen los proyectos de las instituciones públicas ni de las empresas ajenas a la defensa. Desde enero de 2007, un civil funge como ministro y desde 2008 ya no es misión fundamental de los militares garantizar el ordenamiento jurídico.

El Estado -aunque con ministros que desconocían la materia- complementó esa tarea al sellar acuerdos de límites con países vecinos, para el fin del pretexto de la guerra (siguen el narcotráfico, terrorismo...). Las FF.AA. acataron el nuevo orden en silencio extremo.

¿Y el poder civil? Un año bastó para mensajes confusos, como disponer la devolución de USD 41 millones del Issfa al Gobierno sin orden de juez ni sanciones, si se supone mal uso de fondos públicos. Como reformar la Constitución para dar a FF.AA. atribuciones propias de la Policía. Como desconocer a los consejos de disciplina de la Armada (que evalúan conductas) cuando estos absuelven a oficiales.

Que en 2016 un juez pida capacitar a militares en la sujeción al poder civil es, hay que decirlo, un retroceso, retrato del desinterés de la sociedad con la defensa. ¿Y Carondelet? La judicialización de las discrepancias lo muestra entero.