Milagros Aguirre

El florón

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31 de julio de 2014 00:00

En el 2005 publiqué un libro titulado ‘A quién le importan esas vidas’. La respuesta sigue siendo hoy la misma: a casi nadie. Parece ser asunto menor.

Solo así se explican las erráticas y contradictorias actuaciones oficiales en el tema waorani-tagaeri taromenani, desde hace un año y cinco meses. Solo así se explican las farragosas actuaciones de las autoridades que de una u otra forma han tenido vela en este entierro. Un lavatorio de manos colectivo. Un florón que pasa de mano en mano sin que nadie sepa qué hacer con él. Un constante lanzar la pelota fuera de la cancha y confundir. De Tin Marín, de do pingüé, yo no fui, fue Teté.

La situación carcelaria de los cinco waorani privados de libertad es precaria. La situación, esa sí, de “aislamiento voluntario” de los demás participantes de la expedición de venganza de marzo del 2013, es de incertidumbre y confusión, sin conocimiento alguno de lo que implica un proceso judicial ordinario ni de lo que es ser ciudadano ecuatoriano. La cuerda está tan tensa que cualquier momento se rompe y desata algún otro hecho violento que lamentar.

No se ven luces sobre el acoso que persiste hacia los tagaeri-taromenani que siguen cercados, atrincherados, frente al avance petrolero de Armadillo, donde las empresas han puesto en la vanguardia de la operación a sus mismos enemigos, a quienes conocen sus chacras y sus casas, y que no serán precisamente sus protectores.

Reina la indiferencia sobre los detenidos, sus familias, quienes se supone andan prófugos, y, por supuesto, sobre las víctimas, pese a que el Estado es quien tiene que dar garantías a todos ellos. Todo apunta a una dura condena con la cual las omisiones estatales pasarán desapercibidas de la observancia que, de vez en cuando, hace la CIDH (léase el reciente informe donde se menciona la situación en Ecuador) y a las que se responde con leyes que son letra muerta y que escapan a la dura realidad.

Cuando escribo estas líneas llega la sentencia de la Corte Constitucional en el caso La Cocha. En uno de sus puntos dice que: “Es obligación de todo medio de comunicación público, privado y comunitario que para la difusión de casos de justicia indígena, previamente se obtenga autorización de las autoridades indígenas concernidas y, comunicar los hechos asegurando la veracidad y contextualización, reportando de manera integral los procesos de resolución de conflictos internos y no solo los actos de sanción”.

Nadie da un paso adelante para frenar el espiral de violencia o la resolución del conflicto en el caso waorani. Nadie da un paso adelante en la construcción de la paz. Las autoridades pasan de mano en mano el florón desde hace un año y medio.
Y hoy, además, como cereza del pastel, se pide que para que estos temas se hagan públicos y se debatan, hay que tener autorización de ¿los tagaeri-taromenani?

Milagros Aguirre / maguirre@elcomercio.org