Miguel Rivadeneira

La imagen de la justicia

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4 de agosto de 2014 00:00

Para hablar de la administración de la justicia hay que partir de los esfuerzos que se hacen y se reconocen a cargo del Consejo de la Judicatura, los avances físicos y tecnológicos, la infraestructura, el mejoramiento estadístico en el rendimiento, la capacitación de los operadores de justicia. Empero, la otra cara refleja la imagen de la justicia, analizada en casos concretos.

La Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington; el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia y el Instituto de Defensa Legal de Perú presentaron un libro contundente, de 106 páginas, que detallan esta situación. La investigación hizo un reconocido consultor internacional, el peruano Luis Pásara, que ha publicado por décadas varios documentos, incluidos sobre Ecuador. Para quienes desconocen o se suman con “independencia” al discurso oficial o responden con calificativos y no a los hechos concretos señalados, por su experiencia colaboró con el Ministerio de Justicia en este Gobierno. Una de sus obras, el 2008, versó sobre El uso de instrumentos internacionales de DD.HH. en la administración de justicia.

El informe avalan otros dos expertos, el colombiano César Rodríguez, de Dejusticia, y el peruano Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal. Por tanto no son advenedizos, desconocidos, supuestos analistas, opositores ni enemigos. El documento presenta casos que revelan la injerencia oficial en las acciones judiciales y cita 12 procesos relevantes en donde confirma la metida de mano en la justicia, como se anunciara en la campaña de la consulta popular de mayo del 2011. Pueden representar ni el 1 % de las causas resueltas pero son reales las sentencias contra estudiantes del Central Técnico, los 10 de Luluncoto o la prisión del coronel Carrión y luego declarado inocente en todas las instancias judiciales.

Analiza el sistema disciplinario judicial y sostiene que se ha transformado en una herramienta para sancionar a jueces que no adecúan sus decisiones al Gobierno y que se ha tornado en un mecanismo para amedrentarlos. Revela 42 procesos disciplinarios examinados en la investigación, 57 jueces destituidos, en su mayoría por cometer error inexcusable, que dispone el Código Judicial, con el argumento de que se lo hace con un lenguaje poco claro e impreciso.

Según la directora de la Fundación Debido Proceso, Katya Salazar, desde el 2011 se abrieron acciones disciplinarias contra jueces después de declaraciones presidenciales que cuestionaban fallos resueltos por ellos, llamaba a su procesamiento y así ocurrió. En este análisis se cita el informe de la veeduría internacional, que presidiera Baltasar Garzón, que advertía la regulación del error inexcusable y que en los requerimientos realizados por esa veeduría se acreditó que podía enmascarar acciones disciplinarias que suponen claras revisiones jurisdiccionales.