La herencia de la década del correísmo y sus prepotentes ha sido nefasta en diversos sectores y resulta difícil reparar los daños que causaron en nombre de la revolución ciudadana, incluidos los actos de corrupción que hoy horrorizan al país. El pésimo manejo del seguro social es un ejemplo claro de la forma como se le ha intentado destruir, poniendo en grave riesgo a jubilados, pensionistas y afiliados. Se eliminó en forma arbitraria e inconstitucional, con la aprobación de los asambleístas correístas, el 40 % del aporte para el fondo de pensiones jubilares, ley que la Corte Constitucional le debe un pronunciamiento urgente.
Se redujo el aporte para este fondo (resolución 501, que contraría la Ley) a fin de destinar al fondo de salud, que también está descapitalizado y con una enorme deuda del Estado, con lo cual no se soluciona el problema estructural sino que es otro parche. Demagógicamente el ex Presidente dispuso la atención en salud a los hijos de los afiliados, pero olvidó algo de un economista principiante: las fuentes de financiamiento.
Siguen echando mano de los recursos del IESS, que violan normas vigentes. Según la Constitución, los fondos del seguro son distintos del fisco y ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos ni reservas. En la misma línea correísta, la Junta Monetaria, presidida por el hasta hace poco Ministro de Finanzas, aprobó la resolución 428 y de acuerdo al Código Monetario, norma de menor jerarquía que la Constitución, dispuso que el presupuesto del BIESS del 2018 entrará en vigencia una vez que guarde consistencia con el Presupuesto del Estado en cuanto a inversiones en títulos valores y establece que deberá invertir alrededor de USD 500 millones en el sector público.
El Estado es un gran deudor y moroso del seguro social, pero sigue obligándole a entregar sus recursos. Ni siquiera cumplió con el mandato constitucional de incluir en el Presupuesto de 2018 los recursos destinados al seguro. El cuento de siempre es crear una comisión para que establezca los montos de la deuda y el cronograma de pago. A esto se suma la actuación cómplice y encubridora de la Superintendencia de Bancos, que no ha supervisado ni controlado el irresponsable manejo del Instituto.
El IESS se está comiendo los ahorros acumulados en el fondo de pensiones que a través de los años se llegó a capitalizar y hoy está peligrosamente a la baja. Lo grave es la desidia e impavidez de los perjudicados y de las nuevas generaciones que con indiferencia no quieren preocuparse de su futuro, pese al pago obligatorio de sus aportes, porque a este ritmo no van a recibir sus pensiones jubilares y cuando reaccionen será demasiado tarde. Por ello es fundamental llegar a un acuerdo nacional responsable, que tome correctivos urgentes.