26 de May de 2010 00:00

¿Miente Correa?

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León Roldós Aguilera

El sábado 22 de mayo del 2010, el presidente Correa repitió que el 40% de las pensiones jubilares no era deuda de Estado, sino subsidio.

Mala fe o ignorancia de Correa sobre lo que es el sistema de reparto o de plena solidaridad en pensiones jubilares, que es el vigente en el Ecuador, desde 1928 que se instituye la Caja de Pensiones.

En la Ley de Seguridad Social del 2001 se estableció el sistema de la cuenta individual para las jubilaciones –que se quedó en el papel, por falta de administradoras de fondos, que fueron declaradas inconstitucionales- por el que los aportes personales y los del empleador se debían acreditar en una cuenta y con sus rendimientos y acumulación se financiaba la pensión jubilar que a cada uno le toca, menos una pequeña cuota de solidaridad. Una especie de ahorros capitalizados por cada trabajador.

Las personas de ingresos medio altos y superiores pueden alcanzar una buena cuenta individual, pero no es el caso de los trabajadores de bajos ingresos, cuyos aportes -sumados los personales y los del empleador, por cuenta de ellos- estarán por debajo de lo que reciben en una semana cuidadores de vehículos y quienes están en las puertas de iglesias. El Estado tendría que completar la pensión, para que por lo menos lleguen a la remuneración básica.

El sistema vigente de reparto y plena solidaridad viene desde la Alemania del canciller Bismarck, 1889, y requiere tres fuentes de financiamiento: el aporte personal de cada afiliado; el aporte del empleador por cuenta de sus trabajadores; y, la contribución obligatoria del Estado -que Correa tacha de subsidio-. El fondo integrado de las tres fuentes se debe invertir a las mejores tasas de rendimiento, que sirva para el pago de pensiones, bajo la forma de reparto, considerando tiempo y montos de aportes al fijarse la primera pensión y ajustes equitativos de incrementos .

El sistema de reparto hace que los que aportaron y los trabajadores activos, más la contribución del Estado, financien las pensiones jubilares. Si desaparece la contribución del Estado, pasaría a ser solo un empleador más que maneja el dinero de jubilados y afiliados, a quienes sí se les obliga a ser solidarios. Su efecto: mayor miseria de las pensiones. Esa contribución obligatoria no se paga desde el 2008, cuando por Ley debía pagarse mes a mes. El acta de 17 de mayo del 2010, toma el pretexto de otras deudas del Gobierno no pagas al IESS, para no pagar la contribución obligatoria, estableciendo que a partir del 17 de julio, el Gobierno tendría 90 días hábiles -excluye sábados, domingos y fiestas- a últimos días de noviembre, para consensuar valores y esquema de pagos.

Para años siguientes, se plantea pagar la contribución por anualidades vencidas, a fin de no pagar intereses ni multas. Verdadero atraco a afiliados y jubilados.

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