El allanamiento a la oficina y domicil ios del asambleísta Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, es muestra de los grandes temores del correísmo y, posiblemente, el inicio de una fase mucha más represiva de la revolución. Más allá de la discusión absurda de si un legislador tiene o no inmunidad en el momento de instrucción fiscal, es decir, antes del inicio de enjuiciamiento penal, el problema de fondo es que mediante una “acción urgente” un juez ordene allanar la oficina y domicilio de un legislador y un asesor parlamentarios para apoderarse de información en su poder. Más aún, si esa información se refiere a temas públicos y más, precisamente, involucra al Jefe de Estado. ¿Puede una mente, medianamente razonable, aducir que la información que se maneja en la oficina de un asambleísta sobre el Presidente y su Gobierno es fruto de espionaje, que el Presidente puede ser víctima de vigilancia por parte de un legislador? Por favor, no pretendan tomarnos el pelo de esa forma. ¿Para qué entonces está un legislador, para qué existe la Función Legislativa si, además de legislar, no fiscaliza al poder, no realiza control político de sus acciones? Para cumplir esa función, los legisladores tienen que investigar, deben buscar información, precisan indagar sobre fuentes con el legítimo fin de obtener datos y evidencias. Eso es lo que debe hacer un parlamentario serio, en eso consiste su función, a aquello está obligado según las atribuciones que le asigna la Constitución .
Tomemos una fotografía de lo sucedido, miremos con perspectiva la atrocidad de este caso. Vivimos en un Estado constitucional de derecho, supuestamente; hay independencia de poderes y la Asamblea Nacional fiscaliza, supuestamente; un diputado tiene en su poder correos electrónicos del Jefe de Estado sobre un tema delicado; el autor de los correos se pone nervioso y acusa al legislador de ‘hackeo’; la fiscalía y un juez obedecen al Presidente y proceden a arrebatar al diputado de dichos documentos.
¿Cuál es la única conclusión posible de esta cruda descripción de lo ocurrido? Muy sencillo: que el Ejecutivo esconde algo, que está aterrado por la información en poder del legislador, que aquí hay gato encerrado, que estamos ante algo muy gordo.
Por eso, la pregunta central en este caso es por qué tanto miedo, tanta ansiedad, tanta urticaria en Carondelet y no si Jiménez o Villavicencio debían tener esa información. ¿Si todo es tan ético, tan transparente, tan lleno de mentes claras, manos limpias y corazones ardientes, cuál es el problema de que un legislador de oposición tenga en su poder información o correos electrónicos del señor Presidente? Mi solidaridad con los agredidos.
El poder ha cometido un acto de brutalidad sobre el que tiene que responder pero no desde la propaganda.
Lo sucedido rebasa cualquier límite; es un acto dictatorial sin más.