Fabián Corral

Lo ‘metajurídico’ y el caos

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7 de February de 2013 00:03

Que el país vive un caos judicial de proporciones peligrosas, nunca antes registrado, es un tema en el que coinciden gobiernistas y opositores, abogados y clientes, élites y hombres de a pie. Difieren, en cambio, en las fuentes del caos: para los unos, es resultado del “neoliberalismo” –comodín culpable de todo-, para los otros, es el fruto de la degradación de la legalidad, y del sistemático proceso de “desmontaje” de las instituciones que coincide con la época del “neo constitucionalismo tropical”. Otros, más concretos, suponen que la mecha se encendió con la Constitución de Montecristi y su larguísimo y confuso período de transición. El hecho innegable es que hay caos y muy grave.

1.- La teoría de lo ‘metajurídico’.- Sin desconocer que la devaluación judicial se remonta a las diversas incursiones del poder político en el pasado (las tanquetas del ingeniero y la Pichi Corte, por ejemplo), sin embargo, el proceso adquirió “connotaciones ideológicas”, y se agravó cuando, bajo la teoría de que la conformación de la Asamblea Constituyente, quedaron ‘exentos de legalidad’ la actuación de sus legisladores, la emisión de los mandatos, la elaboración misma de la Constitución, el referéndum, etc. Las instituciones, y entre ellas la Función Judicial, tambalearon, cuando se puso en vigencia en el Ecuador la tesis de ‘los plenos poderes’, es decir, del absolutismo radicado en Montecristi. Se llegó a sostener el disparate de que la Asamblea, y sus productos, trascendían de la legalidad, y que eran ‘realidades éticas’ investidas de justicia reivindicativa. Se habló con insistencia de la ‘legitimidad’ como argumento opuesto y prevaleciente sobre la humilde y burguesa legalidad. Se dijo que había llegado el tiempo de los principios constitucionales puros y duros, y que las normas no eran referentes vinculantes ni para el poder ni para los jueces ni para las autoridades. Que la tarea de los políticos, de los activistas y de los tribunales era descubrir la filosofía y la justicia, y no atenerse a los datos de la realidad, ni ajustarse a las reglas ni a los datos del proceso. Todo eso se dijo. Y todo eso generó una especie de ‘recreo de legalidad’ donde empezó a proliferar la arbitrariedad, la discrecionalidad, el abuso de las acciones constitucionales y una situación de inseguridad jurídica nunca antes registrada. Se ha venido consolidando así un ambiente de que “todo vale”, que no existe la cosa juzgada, que la competencia de los jueces no opera cuando el ‘hábil’ encuentra el camino corto de las medidas cautelares, y cuando el juez de Tránsito resuelve igual un tema de propiedad intelectual que una disputa laboral.

2.- El relativismo y la objetividad.- La idea de que todo se justifica porque “estoy convencido de la justicia de mi causa”, esa especie de fundamentalismo misionero que trajo la Asamblea de Montecristi, está dando sus frutos. Ahora todo es relativo, nada es firme, no hay fallo válido ni definitivo, no hay seguridad jurídica ni personal tampoco. La objetividad de la norma legal no sirve en la nueva cultura. El relativismo imperante hace que cada juez, cada abogado, cada personaje construya su propia legalidad, invente su justicia, aplique sus tesis, y saque sus ventajas. El resultado es que no hay instituciones; hay un precario remedo de ellas. El resultado es que los pájaros disparen contra las escopetas y que el propio Estado empiece a preocuparse de tan discrecional manera de proceder, al punto que las autoridades también se apuran en blindarse contra la lluvia de acciones de protección que le ha caído.

3.- Las víctimas: la independencia de los jueces y la seguridad jurídica de los ciudadanos.- El innegable deterioro institucional que vivimos, derivado en buena medida de la novelería de lo ‘metajurídico’, por lo pronto, registra algunas víctimas: (i) los jueces cuyo destino ahora es más incierto que nunca; (ii) la institución fundamental de una sociedad civilizada como es la Administración de Justicia, pendiente de acciones políticas con clara e innegable inspiración ideológica; (iii) el progreso de las causas y, lo más importante, (iv) los ciudadanos que han entregado a los tribunales la discusión y el destino de temas relativos a su libertad y a su patrimonio, a sus familias y a sus propiedades. Los usuarios del sistema tienen la clara percepción de que no hay referente firme de ninguna clase, que no hay jurisprudencia que valga, que la ley… finalmente solo sirve de consuelo de ingenuos, que el juez está hoy y mañana no, que la audiencia que con tanto esfuerzo se hizo para presentar las pruebas no servirá de nada al momento de sentenciar, porque será un magistrado distinto el que dicte sentencia, en razón de las organizaciones y reorganizaciones que asolan, con cualquier excusa, al mundo judicial.

4.- El declive de la ley.- Las teorías de lo metajurídico, las ideas de que la ley no sirve, que la fuente de inspiración judicial deben ser las declamaciones filosóficas o principios abstractos, mal escritos en la Constitución, que la política es la razón de ser del Estado, han acentuado la tendencia al declive de la Ley, que perfecta o no, es el resultado de la acción legislativa de quienes, se supone, son los representantes democráticos de la comunidad. Con la cultura de legalidad en entredicho, la seguridad jurídica se está esfumando. Ya no es un valor fundamental para el Estado. Y eso es ciertamente grave porque la única forma de conciliar los intereses de los miembros de la comunidad, la única forma d e resolver sus inevitables disputas, es con la mínima certeza de que cada cual sienta que tiene derechos y que se respetarán, es decir, que no son teoría sensiblera, sino poderes subjetivos que cada cual posee; que los impuestos no pueden ser confiscatorios; que la propiedad es privada; que los contratos se firman para cumplirse; que la Constitución no es el programa de un movimiento político excluyente, sino el referente claro, firme, justo que alude a toda la comunidad, que no es solo la cartilla de acción del Estado, sino, de verdad, el horizonte que se fijó la sociedad para vivir, ejercer la ciudadanía y exigir servicios oportunos y eficientes.

El Ecuador y sus dirigentes tienen ahora el desafío de restituir la vigencia de las instituciones, de superar novelerías, prejuicios y fundamentalismos y aterrizar en la sociología de la realidad la dogmática política.

Tienen la ocasión de aproximar a la comunidad a lo que debe ser una Administración de Justicia que tenga prestigio incontrastable. Veremos si hay la grandeza y la lucidez para hacerlo.