El mercado no se controla

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En distintas versiones, algunos más radicales que otros, los que confieren al Estado el tutelaje del “bien común” creen que el mercado, esto es el juego de oferta y demanda, puede ser puesto bajo control. Creen en el sofisma: que la mano invisible del mercado puede ser subyugada por decisiones burocráticas o leyes. Aun cuando la historia muestra, aunque la necedad lo niega, el consumo no se rige por normas positivas sino por impulsos naturales y las barreras físicas, que impiden que el consumidor tenga opciones de obtener el mayor beneficio, solo benefician al productor que acumula riqueza a costo del sobreprecio en mercados cerrados.

Estos creyentes deberían reformular sus conclusiones, asimilando la evidencia empírica de que no hay ley, imploración o controles que sean eficientes en el largo plazo. Esa evidencia está en la frontera. Largas filas de ecuatorianos en procura de productos más baratos, o de mayor gama de oferta de aquellos que en cantidades pequeñas de variedad y calidad se ofrecen en el mercado local, muestra los fallos en las concepciones del proteccionismo que ha defendido el correísmo en estos años como la fórmula del crecimiento del sector productivo nacional.

Pero la fuerza de los dogmas es capaz de anular la evidencia. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado ha renovado un Manual que obliga a expendedores de alimentos y productos de limpieza a comprar a pequeños proveedores con el fin de que aquellos no impongan condiciones predatorias. Aun cuando el objetivo suena publicitariamente digerible, lo cierto es que persiste la necedad conceptual en normas pensadas para subyugar con normativa al mercado y al natural sentido egoísta que promueve la competencia. El Manual pensado para los grandes supermercados añade dificultades a los pequeños expendios. Por otro lado, encarece los procesos transaccionales y, finalmente, elimina los requisitos naturales de calidad y precio en las que el productor –del tamaño que sea- debe ofrecer productos. El perjudicado será –nuevamente la evidencia empírica lo muestra- el consumidor que deberá asumir los sobrecostos derivados y al que se le niega el derecho de escoger.

En estos 9 años, la sobrerregulación, el inquisitorial intervencionismo de neoburócratas redentoristas y las medidas de restricción de oferta han encarecido costos y precios. Es una simpleza argüir que con moneda propia se devolverá competitividad a la producción nacional; y peor que por vía normativa y falsario patriotismo, que obligan a consumidores a escoger de una oferta limitada y costosa, se expandirá el sector real. El resultado de estos años de rentismo y mercantilismo –que no es capitalismo modernizado como acusa la izquierda disidente- debería inducir a un arrebato de sentido común para enterrar dogmas, reducir impuestos, eliminar proteccionismo y derogar toda norma que pretenda formatear la vida de los particulares.

Diego Ordóñez
Columnista invitado