Sebastián Hurtado

Mensaje claro

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23 de October de 2012 00:00

Cuando afirmó que tomará las utilidades del sector bancario para pagar un incremento en el Bono de Desarrollo Humano y amenazó con comprar y “nacionalizar” a los bancos que se opusieran, el Presidente ecuatoriano envió un poderoso mensaje a la comunidad empresarial local e internacional: A la hora de avanzar sus objetivos políticos y económicos, la “Revolución Ciudadana” no dudará en tomar los recursos de las empresas y los ciudadanos.

Si bien se trata de un planteamiento descabellado y abusivo -además de perjudicial para la seguridad jurídica y el ambiente general de negocios en Ecuador- desde la perspectiva gubernamental, tiene mucho sentido político y económico.

En primer lugar, porque el enfrentamiento público contra bancos y banqueros ha probado ser políticamente rentable para el gobierno y le ha permitido poner a ese sector bajo un férreo control estatal. Cabía esperar que en el periodo electoral iniciado, la arremetida retorne con fuerza y se convierta en una parte esencial del discurso presidencial y de la acción regulatoria del Estado de cara a la campaña por la reelección.

Por otro lado, como el principal candidato de oposición y el que figura en segundo lugar en las encuestas, es un importante banquero guayaquileño, el gobierno buscará polarizar la elección entre una alternativa que supuestamente defiende el interés de los “ciudadanos” y otra que supuestamente defiende el interés de la “banca”.

Pero existe también una razón económica. El gobierno luce preocupado ante la posibilidad de que un persistente déficit comercial, sumado a una eventual crisis financiera -local o internacional- puedan “drenar” las divisas de la dolarizada economía ecuatoriana. Para controlar el flujo de divisas, ha ido paulatinamente imponiendo mayores tarifas y cuotas al comercio exterior, así como mayores impuestos y restricciones a los movimientos de capital. Ciertamente el gobierno preferiría acaparar todos los dólares que circulan en el país, tal como sucede en Venezuela o Argentina, pero resulta que en Ecuador no existe una moneda local alternativa que pueda ofrecerles a los ciudadanos.

Una propuesta de “nacionalización” bancaria -por las buenas o por las malas- en medio de un ambiente político altamente polarizado, parecería que busca allanar el camino para un mayor control gubernamental de los depósitos locales en dólares que, en su gran mayoría, están en manos de las entidades financieras privadas. Culpar a bancos y banqueros por rehusarse a contribuir en favor de los más necesitados, o por querer desestabilizar al gobierno y la economía “acaparando” dólares, bien puede servir para justificar políticamente medidas radicales.

Ante un mensaje tan claro, la posibilidad de vender su banco al gobierno, no le debe parecer una idea tan descabellada a más de un banquero.