Farith Simon

Medias verdades

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La semana pasada, el presidente Correa reactivó sus diatribas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular a la Comisión.

En el marco del discurso inaugural de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con la seguridad de quien no debe confrontar o responder por sus afirmaciones, la acusó de tener ‘dobles estándares y distorsiones sociopolíticas’.

Cuestionó a la Comisión -como en otras ocasiones- porque su sede está en Washington (capital de un país que no ha ratificado ninguno de los instrumentos interamericanos de DD.HH.); afirmó que está totalmente dominada por países hegemónicos, ‘por un onegesismo (sic) absolutamente político, pero sin responsabilidad política’; de ser financiada por Estados, organizaciones y fundaciones que ‘pagan para controlar a los demás, para controlar a los otros’; por estar dominada por el capital detrás de los negocios dedicados a la comunicación.

Afirmó que la Comisión se ha convertido en un ‘eco de la prensa mercantilista de la peor ralea’. Una lista de medias verdades, que encierra medias mentiras.
Cualquier defensor de los derechos humanos aplaude, y se entusiasma por las iniciativas destinadas al fortalecimiento del Sistema Interamericano que, como sabemos, ha cumplido un papel histórico en la protección de cientos de miles de personas, pero que en la actualidad ha sido desbordada por el incremento de casos.

Tiene serios problemas de funcionamiento por un represamiento de peticiones que se traduce en una demora excesiva en su tramitación, lo que conlleva serios costos humanos y económicos.
Pero nuestra experiencia con la reforma de la justicia o la Corte Constitucional, por ejemplo, debe llevarnos a desconfiar inmediatamente de esas iniciativas de cambio.

La lección central que nos ha dejado estos años es que estas transformaciones han resultado en una institucionalidad al servicio de un discurso, de un proyecto político, de una visión específica de las cosas. Ya sabemos cómo actúan: cuando una institución, concepto o categoría no les favorece harán lo que sea necesario para cambiarla o desaparecerla.


Algunos funcionarios públicos, y el mismo Presidente, han dejado pistas claras de su deseo de modificar la comprensión y aplicación de ciertos derechos, en especial los que se refieren a las libertades como la de expresión e información, otorgándole una supremacía al Estado sobre las personas.

Incluso han llegado a afirmar que el Estado es titular de derechos. Detrás de este discurso existe un deseo de contar con un sistema internacional que no cuestione o critique medidas claramente restrictivas o violatorias de los derechos, que fortalezca visiones estatalistas.


Ya sabemos que la retórica es atractiva y suma adhesiones: ‘poder popular, élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad’. Todo esto se resume en un crecimiento desmesurado del Estado por encima de la sociedad civil y el entronizar a un grupo de personas que se asumen superiores a los demás.