Uruguay se encuentra a un paso de legalizar el matrimonio homosexual. El fallo mayoritario del Senado equipara los derechos de las parejas permitiendo celebrar un contrato (el matrimonio), entre personas del mismo sexo.
En la actualidad el matrimonio homosexual ya es legal en países como España, Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia y Dinamarca, así como en seis estados de EE.UU., en el Distrito Federal y en el estado Quintana Roo mexicanos, y en el estado brasileño de Alagoas.
El debate en Uruguay, al igual que sucedió en otros países, fue intenso y estuvo marcado por la polarización laico-religiosa que suele contaminar este tipo de decisiones que resultan trascendentes para una sociedad progresista .
La prensa mundial ha recogido las distintas opiniones sobre la decisión tomada en el Uruguay, como por ejemplo la exposición del senador nacionalista Jorge Larrañaga que justificó su voto porque como “hombre liberal no podía permitirse regular un acto tan íntimo como el amor entre dos personas”. Y al profundizar en sus argumentos dijo: “Estamos frente a una cuestión de derechos, que considera la libertad de los individuos y que pone los límites al Estado. Él (léase el Estado), no debe prohibir ni cercenar la autonomía de la voluntad de sus ciudadanos. Por tanto, poniendo en la balanza estos principios de libertad y de igualdad que conforman un estatuto de justicia, no cabe sino el apoyo.”.
Es precisamente allí, en el c ampo de la libertad y el ejercicio pleno de los derechos, donde el debate debería concentrase. Y es evidente que en ese ámbito, contraer matrimonio con una persona del mismo sexo no se opone de modo alguno a ningún derecho igual o superior, algo que, en mi opinión, sí se da claramente en el tema del aborto. Por esta razón, al momento de decidir una cuestión de derechos humanos, la balanza siempre debería inclinarse por el fortalecimiento de los mismos y no por su vulneración.
El matrimonio civil es un acuerdo de voluntades de dos personas. El que los contrayentes sean o no del mismo sexo es irrelevante para todos los efectos jurídicos. Desde el ámbito de la justicia el matrimonio de una pareja homosexual merece exactamente el mismo trato que el de una heterosexual. Y desde el punto de vista de la libertad individual, todos, sin excepción alguna, somos iguales y gozamos exactamente de los mismos derechos .
Para tener una sociedad justa y equitativa de verdad, primero debemos despojarnos totalmente de aquellas limitaciones con las que alguna vez excluimos a la mujer, al negro, al indio, al blanco, al extranjero, al creyente, al ateo, y, en general, al que creíamos distinto. Y si alguien aún pretende oponerse al matrimonio de personas del mismo sexo esgrimiendo razones éticas y morales, que tire la primera piedra.