Arturo Moscoso Moreno

Matar al mensajero

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En 1993 Jeffrey Wigand trabajaba para una importante compañía tabacalera estadounidense y fue despedido por desacuerdos con sus superiores en relación a la adicción que generaban los cigarrillos. Las compañías tabacaleras negaban que la nicotina fuera adictiva. Wigand sabía que no era cierto.

A pesar del acuerdo de confidencialidad que había suscrito con su antiguo empleador, la información que poseía Wigand acerca de la adicción que generaba la nicotina pudo ser conocida gracias a la filtración que hiciera el productor del programa 60 Minutos Lowell Bergman a los diarios The New York Times y The Wall Street Journal de una entrevista con Wigand que la CBS se negó a emitir completa.

Por su parte, la tabacalera, en lugar de reconocer la adicción que generan los cigarrillos, intentó desprestigiar a Wigand divulgando un dossier de más de 500 páginas con una serie de acusaciones de todo tipo que pretendían poner en entredicho su credibilidad. Sin embargo, sus intentos fueron vanos y gracias a la información de Wigand, la industria del tabaco se vio obligada a transar por USD 368 000 millones en daños y perjuicios relacionados con la salud en demandas colectivas en 40 estados. (La película The Insider narra esta historia).

Estos hechos representan bastante bien la falacia lógica “ad hominen”, que constituye la utilización de un argumento que, en lugar de refutar las afirmaciones de un adversario, intenta descalificarlo personalmente pretendiendo que pierda credibilidad, por ejemplo, negar que una persona tenga razón porque ha cometido algún delito. Esta falacia puede expresarse metafóricamente en la frase “matar al mensajero”: desprestigiemos al mensajero para que no crean en su mensaje.

En los últimos días, de acuerdo a información difundida por el Departamento de Justicia de EEUU, la compañía brasileña Odebrecht se declaró culpable en ese país de pagar más de USD 785 millones en sobornos a intermediarios y funcionarios gubernamentales de 12 países. Entre los países beneficiarios de los pagos se encuentra Ecuador, en dónde se habrían pagado USD 33.5 millones a funcionarios del gobierno entre los años 2007 y 2016.

La respuesta del gobierno ecuatoriano ha sido que no aceptará versiones de directivos de “una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense”. E incluso pone en entredicho la independencia del Departamento de Justicia de EE.UU. ¿Matar al mensajero? No parece buena estrategia frente a acusaciones obtenidas en un sistema judicial que funciona bastante mejor que el ecuatoriano, y en esa medida, la maniobra puede estallarles en la cara con graves consecuencias, como pasó con las tabacaleras estadounidenses.

Columnista invitado