Arturo Moscoso Moreno

Matamoros o todo lo que está mal

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El pasado 20 de abril la jueza Karen Matamoros declaró culpables a 9 miembros de la Comisión Anticorrupción, por supuestas “calumnias” en contra del Contralor Carlos Pólit, condenándolos a un año de prisión, al pago de una indemnización equivalente a un año de sueldo de Pólit a cada uno y a pedir disculpas públicas. El caso empezó cuando la Comisión presentó una denuncia en contra del Contralor por no observar que el terreno en el que se iba a construir la Refinería del Pacífico presuntamente se había vendido con sobreprecio.

Mientras escribo este artículo la sentencia escrita no ha sido aún notificada, pero oralmente Matamoros determinó que: 1. Existe la falsa imputación de un delito al contralor; 2. En consecuencia, se vulneró su derecho al honor; 3. Si una persona es funcionario público tiene igual derecho al honor; y, 4. Se ha probado que existe el delito de calumnia. Minutos después Pólit, acogiendo el pedido que le hiciera por Twitter el presidente electo Lcdo. Moreno, desistió de la acción penal. En todos estos actos se resume lo que está mal.

Primero, no queda claro el delito por el cual fueron juzgados los comisionados. Por un lado, se decía que la denuncia vulneró el honor del Contralor. Ese figura en el COIP es la calumnia, la falsa imputación del delito. Sin embargo, luego se habló de que la querella es al amparo del Art. 271, que busca imponer una pena a quien ha propuesto una denuncia que ha sido declarada maliciosa y temeraria. Si es que ese fuera el delito que motivó la condena, el desistimiento sólo cabe cuando el acusado consiente expresamente, lo que no sucedió.

Segundo, la jueza sienta un precedente jurídico nefasto cuando no toma en cuenta que la Constitución determina que los tratados internacionales de DD.HH. que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en ésta prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica, y desestima, tanto la protección especial que determina la Convención Interamericana contra la Corrupción para quienes la denuncien como la protección limitada del honor que tienen los funcionarios frente a denuncias de terceros, porque la transparencia es más importante.

Finalmente, el desistimiento no se origina en una reflexión de Pólit, no, sino en un pedido expreso del presidente electo, evidenciando, al menos, una cercanía nada conveniente entre éste y quien está llamado a controlar el gasto de su gobierno, patentizando como en este país la división de poderes y la accountability son un mito. Así, no debe sorprendernos que en el último informe sobre Ecuador de Freedom House, éste aparezca calificado como “parcialmente libre” porque el país “se ha visto afectado por la corrupción, y la debilidad del poder judicial y la falta de capacidad de investigación de las agencias gubernamentales de supervisión han contribuido a crear un ambiente de impunidad.”
Columnista invitado