Jorge Gallardo

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18 de November de 2012 00:03

Con motivo del envío por parte del Ejecutivo del proyecto de Ley llamado de redistribución del gasto social los bandos opuestos se han enfrascado en una discusión que lejos de ser técnica se ha basado en declaraciones que no van al fondo del asunto. El presidente de la Comisión de lo Económico manifiesta que lo que tendrá que pagar la banca no le hace ni cosquillas y que es necesario socializar las ganancias y no las pérdidas como aconteció en años anteriores. Otro funcionario público declaraba que la banca en el año 2011 gastó un total de US$121 millones en publicidad, omitiendo mencionar que ese gasto representó el 4% de los ingresos totales, porcentaje nada exagerado para el número de bancos y para una actividad que basa su crecimiento en la innovación para lo cual debe publicitar los nuevos productos y servicios que ofrece. Por el lado de los representantes de la banca se dice que los gravámenes son confiscatorios y que van a afectar a más de siete millones de clientes. Lo cierto es que ni un lado ni el otro han efectuado un análisis macro-financiero sobre el impacto que tendrán las medidas propuestas. Ante la ausencia de un mercado de capitales la banca para incrementar su patrimonio, debe de capitalizar gran parte de los beneficios que obtiene cada año. Para satisfacer la demanda crediticia la banca requiere de suficiente patrimonio para respaldar ese crecimiento, caso contrario tendría que suspender o racionar sus operaciones. Al disminuir las utilidades capitalizables por los nuevos impuestos el volumen de crédito disminuirá en términos reales. Esto ocasionará una restricción crediticia que afectará al crecimiento económico y al empleo. Hay que tener presente que por cada cien dólares de activos de riesgo el sistema debe tener nueve dólares de patrimonio técnico. A su vez, la restricción del crédito afectará a la oferta monetaria restando liquidez. Si al análisis se le incorpora la liquidez que la banca debe disponer para incrementar sus aportes al fondo de liquidez, no solo la restricción del crédito vendrá por el lado del menor crecimiento real del patrimonio de la banca, sino por la restricción de la liquidez. Por consiguiente, en vez de enfrascarse en dime y diretes deberían cuantificar el impacto macroeconómico y financiero de las nuevas medidas. En otros países, previa a la aprobación de una ley de carácter económico, los expertos realizan una serie de análisis para determinar las repercusiones que el proyecto tendrá a nivel micro y macroeconómico, para lo cual se valen de modelos econométricos. Salvo la estimación de cuánto van a producir las nuevas medidas, no existe un documento técnico que haya evaluado el impacto en la economía y en el sistema financiero.