La clase política en la región está bajo observación. Los escándalos no paran y se suceden unos tras de otros en los distintos países, sin distinción de sesgo político ni ideología. Afectan a todos los bandos, muy pocos salen ilesos. El fenómeno, en vez de morigerarse, se hace más grande. Si antes se pensaba en pequeño, con el crecimiento de las economías y el monto de los negocios involucrados, las cifras de la corrupción llegan a niveles escalofriantes. Pero lo peor es que para grandes segmentos de las poblaciones estos hechos resultan tolerables. Y no sólo eso, los que cometen estas fechorías son vistos por el resto como personas que pasan a otro nivel. Sospechan de sus actos dolosos, sin que haga falta ser un iniciado para percibir que no se pueden acumular fortunas de forma honesta si se pasan años detrás de un escritorio en una función pública, pero los aceptan. Los miran como una especie que han logrado éxito, cuando de verdad no son sino maleantes. Si las sociedades no permitiesen ese juego deshonesto esos sujetos deberían merecer el rechazo social. Pero, por el contrario, el dinero mal habido les abre puertas insospechadas.
Ya no existe la suficiente indignación social ante esos hechos que haga que los sistemas judiciales actúen, para perseguir el cometimiento de estos delitos. Peor aún, en no pocos países se mira con impavidez cómo los que comandan el saqueo plantean reformas para cambiar los jueces o presionar a quienes deberán conocer las causas que tendrán que abrirse, pero no necesariamente para sancionar sino para dejar absueltos y sacramentados los atracos.
No se puede decir que se han alcanzado límites intolerables, porque en esta materia nada debe ser permitido. Lo que se puede observar con claridad es que en los países donde menos bulla se ha hecho por la supuesta corrupción judicial y se ha dejado que las instituciones se robustezcan, sin que los poderes políticos interfieran groseramente en la administración de justicia, los escándalos son menores. Sabrán de antemano que, con una adecuada independencia de las funciones, los latrocinios no quedarán impunes y más tarde o temprano les alcanzará el brazo de la ley.
Por eso son sospechosas las reformas propuestas por gobiernos controvertidos como aquellas que, una Mandataria seriamente cuestionada por un acrecimiento patrimonial incomprensible, presenta para supuestamente reformar la administración de justicia, a más de querer acallar las voces que evidencian hechos ilícitos que difícilmente serán aclarados. Pero si las sociedades siguen premiando con votos a grupos que tienen como norte el saqueo antes que el servicio público de nada servirán lamentaciones porque será la constatación que los conglomerados sociales han decidido vivir al margen de la ética y eso, definitivamente, los condenará al atraso y a la pobreza.