El mundo ha combatido con medidas policíacas el cultivo, comercialización y consumo de drogas. En 1961, Naciones Unidas expidió la Convención Única de Estupefacientes; más tarde, aprobó el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas (1971); y, finalmente, en 1988 la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Estos instrumentos, como las distintas leyes que han promulgado los países, tienen una orientación prohibicionista. La marihuana (cannabis) es, según NN.UU., la droga ilícita más consumida del planeta.
En la VI Cumbre de Presidentes de las Américas, celebrada en Cartagena en 2012, se expresaron ideas respecto a la necesidad de “explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y ser más efectivos”. La “lucha” prosiguió, pero sin resultados palpables. Ningún Presidente de la región hizo algo distinto, excepto el de Uruguay. El Secretario General de la OEA en 2013 sostuvo que “en el terreno de las legislaciones nacionales no parecen aconsejables cambios drásticos… corresponde evaluar los signos y tendencias existentes, que se inclinan a que la producción, venta y consumo de la marihuana puedan ser despenalizados o legalizados”.
Con la intención de reducir los riesgos potenciales en que incurrían las personas que “estaban” en drogas, Holanda en los años setenta legalizó de facto, no de derecho, la venta de la “hierba” en los coffee shops. En algunas provincias de Australia se ha descriminalizado la posesión de cannabis para uso personal. En ciertas provincias españolas, existen los clubes sociales del cannabis, asociaciones que además de producirla y distribuirla controladamente, desarrollan actividades de asesoramiento médico y legal. California, Oregón, Colorado y Washington han desarrollado iniciativas para legalizar el uso de la marihuana.
Con la expedición de la Ley de la Marihuana y su Control, Uruguay busca una vía ante el fracaso de la estrategia internacional. No se trata, según el informe de mayoría de diputados uruguayos, de “un cambio de política hacia algún tipo de liberalización de las drogas”. Intenta que exista un equilibrio entre la libertad del individuo y la protección de su integridad física. “Se establece una disponibilidad regulada a través del autocultivo o por el expendio bajo control oficial”. La Ley prohíbe la publicidad. No tiene fines económicos, “se trata de agregar una política decidida e innovadora frente al crimen organizado vinculado al narcotráfico” .
Uruguay tiene de Presidente un exguerrillero, quien democráticamente hace la revolución de manera ordenada. Convence, no impone, ni amenaza. Escucha a la oposición. Es reconocido internacionalmente. Un verdadero revolucionario que se aproxima a los 80 años de edad, y sigue siendo combativo con propuestas diferentes “.