Las masivas movilizaciones de los trabajadores, indígenas y sectores sociales y la contramanifestación del Gobierno se cumplieron muy cerca.
La Plaza de San Francisco, escenario de campañas políticas y su atrio, tribuna habitual de demandas sociales, fue el destino final de la marcha social que movió a mucha gente por las calles de Quito y que terminó en una desafortunada confrontación y desalojo policial, hasta con caballería.
Apenas a tres cuadras, la Plaza Grande estaba cubierta de verde flex. Los militantes, partidarios y funcionarios de Alianza País y muchos visitantes que llegaron de provincias en buses y recibían emparedados (de ‘comida chatarra’, seguramente) esperaron con paciencia el discurso del Mandatario flanqueado por sus ministros.
El solo anuncio de la movilización obrera y campesina provocó la reacción inmediata del oficialismo. Enseguida vino el desafío: si ellos ponen 3 000, nosotros pondremos 30 000. La verdad es que las cifras importan poco y contar los manifestantes siempre supone la subjetividad que dirige al dedo que digita la calculadora.
El apoyo de los sectores sindicales pareció en esta ocasión ser numeroso y convencido. El discurso, ciertamente, es el clásico que conocemos y a nadie debe admirar.
Lo que si admira es que un Gobierno y sus partidarios, de un movimiento que alentó la reivindicación constitucional de la protesta social, ahora la descalifique y satanice.
No es una buena idea decir que las marchas desestabilizan la democracia. Tampoco parece lógico vincular a los sindicalistas e indígenas con la cita de algunos alcaldes en Guaranda, que por otro lado, tiene todo derecho a reunirse cuando quieran sin que se les estigmatice, si es verdad, como se sostiene, que estamos en democracia.
No se ve en el movimiento social una urgencia electoral por unos comicios lejanos y si candidatos a la vista, como tampoco parece muy obvia una entente de la derecha con la izquierda radical, aquella que se le escapó de las manos a Alianza País ante tanto pragmatismo y condena a la dirigencia de los partidos del pasado de esa tendencia.
La explotación del Yasuní, el extractivismo y ahora algunas ideas en torno al Código del Trabajo parecen ahuyentar a esos antiguos partidarios de modo definitivo, como antes se fueron ciertas facciones del socialismo, algunos miembros de Packakutik, el ‘acostismo’, el MPD , ‘rupturas’ o los seguidores de Gustavo Larrea, por ejemplo.
En ese escenario entrará a debatirse en la Asamblea un Código de Trabajo regresivo para la dirigencia indígena y sindical y que va en contra de los derechos adquiridos de los trabajadores.
Un instrumento que para los empresarios no alienta la seguridad jurídica para la inversión ni genera un clima favorable para crear fuentes de empleo.
El debate debe ser abierto. El Gobierno y sus legisladores deben oír a todos los sectores y esa predisposición debe tener como premisa una actitud de cultura democrática : oír y respetar las ideas de los otros.