La protesta en Ecuador cumplió su papel de cuestionar al poder, mostrar sus flaquezas, arrebatarle posiciones que no consideraba y colocar en la escena pública una temática ignorada o rechazada. De la condena a los caminantes y rechazo a oírles el Gobierno termina aceptando un diálogo simbólico y un hipotético acuerdo nacional. El tema minero ya no puede ser lo que Correa pretende que es: todo ventaja y sin consecuencias. La marcha dio otros sonidos de campana y el rechazo a la minería se construyó como causa legítima. Todo esto es un éxito indígena.
Calzan mal las razones del Gobierno para obstaculizar a la marcha; de hecho ellas se revertirán contra el Gobierno. Sin pruebas argumenta que hay desestabilización y apela a una Vigilia por la Democracia. Moviliza miles de personas. En cambio, el éxito de la marcha indígena es simplemente haberse realizado a pesar de la condena. Toda una política innecesaria para un Gobierno aceptado y como con el juicio a El Universo, Correa grabó con detalles huellas negativas que perdurarán. La marcha desnudó al Ejecutivo y Legislativo y mostró los reveses de su política de contención o de franco rechazo a los oponentes, lo que no es democrático. Las imágenes de la represión perdurarán, carcomiendo la buena imagen gubernamental. Imposible negar que comparado al pasado, salvo los desatinos de Gutiérrez que jugó a la contención militar en dos marchas, nunca hubo tanto obstáculo, amenaza y descalificación para una marcha indígena. Imposible comparar la omnipresencia de la propaganda oficial en radio y TV para amedrentar y descalificar a los caminantes. Como comparar el uso de recursos públicos a municipios, provincias y programas locales, transferidos justo al momento que la marcha avanzaba, y así imposibilitar el apoyo local. ¿Vale la pena tanto contrasentido con principios y políticas del propio gobierno para dividir a las organizaciones y destruir a la sociedad civil que termina presa de las manipulaciones del Ejecutivo? Todo eso para que cada acción del Gobierno dé resonancia a la marcha y convierta a los caminantes en víctimas, y así adquieran mayor legitimidad de la que ya tenían al inicio. El conflicto social no se resuelve así, sean minas, petróleo, agua o el impedimento a protestar. Perú, con inversiones millonarias, impuestos mineros transferidos a las comunidades -como propone Correa- y auge económico local, que es auge de consumo, conoce un crecimiento de los conflictos, pues la minería no ha absorbido el desempleo ni la pobreza, al contrario, la herencia de un ambiente contaminado indigna a muchos y se vuelve causa local. Así, la contramarcha y las limitaciones a la marcha, dan justificativos para que los indígenas tengan razones y construyan una “causa moral”, la que crea entrega a la causa e indignación legítima. ¿Por qué Correa se esmera en sembrar lo que le devaluará?