Marcelo Ortiz

El incremento de la burocracia

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La hegemonía presidencial impuesta como mandato constitucional va camino a los 10 años y medio, un tiempo largo e inédito en la vida republicana.

¡Cómo se puede afirmar desde el poder absoluto, que en nueve años de dominio político ha sido necesario aumentar casi 90 000 servidores públicos! Seguramente, dicha cifra creció al ritmo de la euforia por los triunfos electorales sucesivos, uno para aprobar el texto constitucional, y otros para prolongar el tiempo de dominio político, pero no tienen sustento técnico-administrativo, y por eso han ido al casillero burocrático, elemento propio de todo populismo. Pero al mismo tiempo, hay que considerar el desgaste evidente que ha obtenido en ese ejercicio como poder absoluto.

En el 2006, había 18 ministerios de Estado, que eran suficientes para cumplir adecuadamente las tareas del servicio público, y el total de empleados era de 398 077.

En esta época correísta, se han incrementado 37 más: 22 del nivel alto, seis de intermediación llamada ahora de coordinación como si se requiriera dichos entes, cinco secretarías nacionales, y cuatro más con indeterminado destino. Todos confluyen en el ejercicio diario que requiere la Presidencia de la República, y la nómina tiene la cifra cercana al medio millón de empleados, porque es de 487 885, incrementada en casi el 23% en 9 años, por lo cual el rubro salarial es de USD 8 790 millones, según indican estudios de Cordes.

En los quince meses que faltan para que concluya este gobierno, que gozó de la abundancia de recursos fiscales, se hace imposible pensar en la disminución de personal, así como en la reducción de las altas remuneraciones de niveles ejecutivos. Y a falta de recursos habrá un incremento de deuda externa, cuyo peso tendrá que soportar el próximo gobernante.

Tal vez ha sido necesaria esta etapa política para vivirla como un pueblo que nunca pasó por una experiencia presidencial tan larga. Este proceso también permitirá comparar lo positivo que eran las sucesivas alternancias de vida democrática cada cuatro años -siempre sustentadas en la independencia del Poder Legislativo expresada en los congresos nacionales- con la etapa actual de sumisión.

Ahora, y rumbo al 2017 electoral, seguramente será confirmado en las urnas el fin de este ciclo hegemónico, para que una nueva figura política asuma el poder presidencial, que a la vez posea una mayoría legislativa suficiente, y así asegurar el inicio de una dura etapa de rescate institucional. Este podría comenzar con la supresión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cpccs, y la reorganización de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia.