El mar no tiene fronteras. El derrame de millones de litros de petróleo en las profundidades del golfo de México ha sido tratado por muchos como un asunto exclusivo de los Estados Unidos, no obstante, este problema debería de ser tema de atención prioritaria para México, no sólo por estar ocurriendo en un espacio geográfico que lleva el nombre de nuestro país -el golfo de México-, sino por la implicación, mucho más seria, de las evidentes consecuencias ambientales y económicas que esa fuga ocasionará en costas mexicanas.
La importancia que a escala internacional representa para nuestro país el golfo de México fue planteada en mis tiempos como senador de la República, con el fin de proponer la creación del Acuerdo de Gobernadores del Golfo de México y Estados Unidos, instancia de diálogo y cooperación de los gobiernos de los estados de ambos países en temas como educación, cultura, clima, salud, medio ambiente, agricultura, pesca, turismo y transporte.
Los 11 estados que colindan con el golfo de México tienen gran relevancia internacional, debido a que albergan a 62 millones de personas, lo que significa que esta región es la decimonovena zona más habitada del mundo.
A dos meses de la fuga de crudo, la inquietud ha aumentado por los niveles alarmantes del desastre. Los instrumentos para resolver esta catástrofe ambiental son limitados, y la presión al gobierno de Barack Obama indica que su administración se encuentra al borde de tomar medidas radicales que quizá no sean las mejores en términos de una solución sustentable.
Desde la Cumbre de Río, celebrada en 1992, asistí en mi calidad de presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores. En esa sesión se lograron acuerdos en materia ambiental para reducir las emisiones de monóxido de carbono y se sentaron bases que fueron retomadas y consolidadas en el Protocolo de Kioto.
Ante el problema en el Golfo de México, es evidente que en las condiciones actuales la capacidad de las instituciones internacionales para imponer una disciplina en el manejo de tecnologías de riesgo ambiental es muy baja.
Esto nos hace pensar en que el mundo de hoy necesita de una sólida estructura jurídica de alcances internacionales, capaz de regular y sancionar a entidades privadas que afecten el entorno natural.
En la medida en que este desastre continúe contaminando aguas y costas de EE.UU., Cuba y México, como primera etapa de la solución del problema será necesario que las autoridades ambientales de las tres naciones reconozcan que compartimos el gran recurso marítimo y que el daño de uno afecta a los otros. En una segunda etapa se requerirá de un fondo de prevención de desastres ambientales en la región.