Manuel Terán

Preocupación por el empleo

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Según lo recoge este Diario en su edición del día de ayer, el Gobierno ha expedido un acuerdo por el cual las empresas manufactureras podrán recurrir a la modalidad de contratación denominada “por obra o por servicio”, para reclutar personal solo cuando exista un aumento excepcional de la demanda de bienes elaborados por esos establecimientos fabriles. La lectura de esta medida revela la preocupación del Régimen por la elevación de la tasa de desempleo, la misma que -según cifras oficiales- se incrementó en cerca de un punto porcentual durante el año pasado.

Caben al respecto algunas consideraciones. La política laboral del Régimen ha sido errada y variable. Desde sus inicios, su preocupación mayor fue la de aplicar medidas que siempre fueron reclamadas por el sector laboral. La legislación se volvió más rígida, las medidas de control implementadas desde el Ministerio del ramo se convirtieron en una engorrosa experiencia de orden burocrático; y, en general, ha existido una visión sancionadora excesiva, que no guarda relación entre las penas propuestas frente a las infracciones cometidas. Se pasó de un sistema en que la inspectoría de trabajo tenía enormes deficiencias, en el que se cometían abusos, a otro en el que parecería que la autoridad laboral parte de la premisa que las empresas, como norma general, se encuentran violentando la ley y, en consecuencia, hay que sancionarlas.

El resultado está a la vista. Con las mediciones anteriores la tasa de desempleo bordeaba el 10% y la de subempleo el 40%. En la actualidad se menciona que la primera ha decrecido y se ha reducido en casi 5 puntos. Sin embargo, bajo las nuevas definiciones, “el empleo inadecuado” alcanza una tasa de 48,09%. En suma, más allá de las palabras, solo 5 de 10 personas de la población económicamente activa cuentan con empleo “adecuado”, continuando con la definición de moda, cifra muy cercana a la que históricamente arrojaron las mediaciones que se hacían antes de la etapa “revolucionaria”.

Habría que añadir que en esta última década el país contó con los mayores recursos que se registra en su historia. Por ello, al final de su segundo mandato, el Régimen envía una señal que aparentemente recogería lo que sugerían los sectores productivos, la necesidad de crear nuevos tipos contractuales para ajustar la legislación a la realidad del mundo laboral y no poner condiciones que simplemente castigan la generación de empleo.

Que las autoridades reaccionen es válido, pero habrá que ver en los hechos si la medida llega a tiempo y es efectiva. De otra parte, queda aún la incertidumbre sobre cómo, en su momento, decidirán los jueces de la materia sobre las causas que sean de su conocimiento cuando existan controversias originadas en estos contratos. Por ello, se necesita que la normativa sea clara, precisa, sin ambigüedades que luego constituyan fuente de conflicto.Y algo más: en esta materia se impone que exista consenso de todos los actores sociales y políticos. Un verdadero pacto por el empleo. En caso contrario, seguiremos remando contracorriente.