Manuel Terán

Diálogo

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Reclamado por mucho tiempo fue siempre negado por considerárselo una “extravagancia burguesa”.Las decisiones, desde hace cerca de una década, se tomaron, en las altas esferas, exclusivamente, de manera unilateral. La razón es simple. Para que exista una interlocución válida es necesaria la participación de actores con representación y legitimidad. Y el oficialismo siempre la negó o la desconoció a cualquier otro grupo o sector social que no proviniera de sus propias filas o fuese su simpatizante.

A su entender la única manera de obtener representatividad era por la vía de los procesos electorales y siempre retó a todo aquel que lo planteaba, como forma de resolver las discrepancias, que obtuviera esa calidad en las urnas. Esa ha sido su convicción. Pocos meses atrás mencionaba que la búsqueda de los consensos no estaba entre sus prioridades y que profundizarían los contrapuntos para avanzar en la ruta política trazada.

Pero hace pocas semanas, después que un importante número de ecuatorianos saliera a las calles para protestar en contra de dos proyectos de leyes presentados por el Ejecutivo a la Asamblea, a los que se los han considerado lesivos al emprendimiento y al ahorro de los particulares, la palabra diálogo afloraba en los labios de los representantes gubernamentales quizás con el propósito de apaciguar los ánimos ante la inminente visita de un ilustre huésped.

Pero para que el mecanismo funcione se requiere de una buena dosis de confianza, tanto en su validez para superar diferencias así como en el reconocimiento de los intervinientes como legítimos representantes de importantes sectores ciudadanos ,que aspirarán que sus posiciones sean escuchadas y recogidas, edificando consensos que permitan sellar las disputas. ¿Existen esas condiciones mínimas en los actuales momentos?

Las partes que han tomado posiciones en estas escaramuzas políticas ¿confían unos en otros para construir acuerdos entre ellos?

Sin duda, la iniciativa para que esto ocurra debería partir del Gobierno. Y para ello la primera acción a tomarse sería acallar toda la artillería verbal desplegada en contra de los opositores a los proyectos de leyes planteados y asegurar a la ciudadanía que los mismos retornarían a la Asamblea para su estudio únicamente una vez que se hayan producido verdaderos acuerdos sobre sus contenidos, así como la garantía que los poderes públicos respetarán lo convenido. Para ello, es necesario estar convencido que el procedimiento dará sus frutos y que es una manera válida de superar los conflictos.

¿Es posible esperar esa actitud de las autoridades? Significaría una transformación mayúscula frente a todo lo que se ha vivido hasta el momento. Implicaría un cambio absoluto en el estilo del gobierno que en adelante tendría que morigerar los ataques y descalificaciones a quienes discrepan si realmente se desea bajar el nivel de crispación alcanzado. Sería una actitud deseable hasta que en las urnas se decida el modelo que deseen adoptar los electores, eso sí, sin cambios en las reglas de juego salvo que las mismas nazcan de manera directa de la voluntad popular.