Más allá de visiones ideológicas, políticas e incluso chauvinistas, es inútil seguir negando una realidad que se toca con las manos: el crimen internacional alrededor del narcotráfico, con todas sus consecuencias -corrupción, lavado de activos, sicariato-, cada vez define mejor su rostro en el Ecuador.
Penosamente, la inacción y la descoordinación de las autoridades van en proporción inversa a unas acciones delictivas violentas y audaces de las cuales solo tenemos noticias parciales.
El descubrimiento de un submarino que estaba destinado a llevar droga hasta México es una anécdota más en torno a unas actividades ilícitas cuyas rutas pueden ser ubicadas fácilmente en el mapa ecuatoriano y continental. La frontera norte, con mayor fuerza en Esmeraldas; todas las provincias de la Costa, y la frontera sur, son el escenario donde campean las acciones ilícitas de grupos irregulares ligados al narcotráfico en sus distintas etapas: provisión de insumos, procesamiento, transporte y hasta ajuste de cuentas.
Es un ejercicio improductivo tratar de determinar el porcentaje de casos de sicariato en relación con el total de homicidios ocurridos en Guayas en este año, cuando es vox pópuli que el crimen organizado está actuando intensamente en casi todas las provincias de la Costa desde hace varios años. Que en Manabí y Santo Domingo se ha producido una serie de ejecuciones sin respuestas satisfactorias. Que Esmeraldas, sobre todo en su zona limítrofe, es un muestrario de toda clase de delitos. Que en El Oro y Loja se han hallado laboratorios clandestinos.
Vale la pena investigar e identificar las causas de la creciente inseguridad pública, pero más importante es tomar conciencia de las dimensiones del problema y sobre todo actuar coordinadamente. La reforma propuesta por el fiscal para castigar el sicariato resulta insuficiente, si no se concreta una acción conjunta para frenar el delito.
De nada sirve seguir haciendo diagnósticos mientras la Fiscalía, la Policía y los jueces se limiten a echarse la culpa. Mientras sigue ese juego, la conducta violenta se convierte en moneda corriente entre la población, y el tejido social se destruye. En lugar de apuntar el dedo hacia los extranjeros o hacia los grupos marginales, y sin olvidar las causas económicas y sociales detrás del delito, es mejor contar con un sistema policial y judicial que en efecto lo prevenga y lo sancione.
Es muy preocupante constatar que, conforme cambia el mapa regional del narcotráfico, cambia también la conducta de los ecuatorianos frente a la penetración de ese mal en todas las instancias, incluyendo sectores de las Fuerzas Armadas que se contaminan al estar en contacto con este lucrativo delito, tal como ya ha sucedido en otros países.
Nada peor que cerrar los ojos y no usar toda la capacidad del Estado para luchar contra todas las formas de delito. Mañana será tarde.