Sebastián Hurtado

Malvada hipoteca

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10 de April de 2012 00:02

Olviden el crimen organizado, la extrema pobreza o el calentamiento global, la revolución ciudadana ha identificado un nuevo y malvado enemigo a enfrentar en una guerra global de proporciones épicas: las hipotecas con aval personal.

La campaña empezó en tierras españolas, en donde el presidente ecuatoriano se “escandalizó” con las leyes ibéricas que permiten a los bancos perseguir otros activos de los deudores hipotecarios para cobrarse préstamos vencidos. Recomendó a sus anfitriones cambiarlas para permitir que los deudores liquiden sus obligaciones con la “dación en pago” de los inmuebles, e incluso insinuó que cuestionaría la legislación española ante organismos internacionales.

Esta extraña intervención extranjera en los asuntos internos de un país soberano (España), garantizaría el principio “moral” de que sean los “capitalistas” y no los “seres humanos” quienes asuman las pérdidas en transacciones de este tipo.

El criterio genera algunas inquietudes. ¿Qué pasaría si Carlos Slim le hiciera un préstamo a Bill Gates, siendo ambos los mayores capitalistas del mundo? ¿En ese caso quién representaría al “capital” y quién al “ser humano”? ¿Cómo harían las autoridades para aplicar el principio de la prevalencia del segundo sobre el primero? Quizá por esta y otras razones las autoridades españolas apenas respondieron con una sonrisa a los planteamientos de su visitante sudamericano.

Más escandalizado debe haber estado el Presidente al regresar al país y descubrir -luego de cinco años de revolución- que el negocio hipotecario ecuatoriano, tanto público como privado, funciona de forma parecida al español.

Pero a diferencia de otros países, en Ecuador los deseos del Ejecutivo son órdenes, por lo que los burócratas de la Junta Bancaria se apresuraron a poner trabas a la compra de hipotecas en el exterior por parte de bancos ecuatorianos. A su vez, la Asamblea Nacional se apresta a tramitar de manera urgente una reforma legal para limitar la posibilidad de que los deudores locales comprometan patrimonio adicional en respaldo de sus préstamos hipotecarios. La primera medida cuestiona un exitoso proceso de internacionalización de la banca ecuatoriana que mientras genera admiración en otras latitudes recibe el escarnio público en Ecuador. La segunda constituye una intervención indebida en transacciones privadas perfectamente legítimas.

Ante las nuevas regulaciones, los bancos locales probablemente ampliarán los requisitos de cobertura en los créditos hipotecarios que hoy ofrecen, o buscarán maneras menos transparentes -y por tanto más costosas- para garantizar su pago. Lo que de alguna manera limitará el acceso de los ecuatorianos al financiamiento inmobiliario, que ha venido ampliándose significativamente en la última década gracias a la gestión de las instituciones financieras privadas y más recientemente de las públicas.