Miguel Rivadeneira

Las malas palabras de hoy

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En la actualidad las malas palabras ya no son los insultos, la diatriba ni las injurias. Esas están patentadas solo para el poder.

Las malas palabras que hay que aniquilar son la oposición y la crítica, porque “es el retorno al viejo país, al fantasma de la derecha o los infantiles izquierdistas”. No hay otro espacio que para el modelo único, aunque exhiban prácticas ultraconservadoras (el caso del aborto, que se aplica en sociedades modernas) pero con un discurso encantador para los obnubilados, incluso con actores del pasado que sirvieron a gobiernos autoritarios y de la auténtica derecha recalcitrante.

En el país resulta mala palabra ser opositores, a menos que sean elegidos por el poder y como tal escogidos como “ buenos contendores”. El resto, a criterio oficial, constituye “la amenaza de la derecha que se junta para obstaculizar al proyecto político y al buen vivir”.

Dirigentes de organizaciones sociales hicieron una marcha, amparados por varias disposiciones constitucionales (arts. 66 y 98, que consagran el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria y el derecho a la resistencia), pero viene la confrontación y el mismo día la obligada contra marcha oficial burócrata. Cerca de una veintena de alcaldes y prefectos se juntaron en Guaranda, a la luz del día, para analizar la situación política interna. Empero, recibieron duras críticas del poder, a las que se ha acostumbrado el Ecuador. Un concejal criticó y no sabe qué hacer para tratar de quedar bien con el Régimen, en lugar de aclarar definitivamente sus cuentas oscuras, que fueran cuestionadas por el oficialismo en la última campaña electoral, ¿o es que ya nos olvidamos o le perdonaron?

Los dirigentes sociales, alcaldes y prefectos deben responsabilizarse de sus actos, pero tienen derechos políticos. De nada sirve ni se aplican las normas aprobadas en esta administración.

El Código de la Democracia habla de las rondas de diálogo entre el oficialismo y los representantes de la oposición. El art. 391 dispone que las organizaciones políticas y sus alianzas que hayan declarado la oposición podrán pedir a la Asamblea y a las otras instancias de representación la realización de rondas de diálogo en las que se podrá preguntar y replicar para obtener información o precisiones sobre los asuntos de interés.

Según el art. 393, el Presidente de la República o la máxima autoridad del respectivo nivel de gobierno deberá (mandatorio, no discrecional) convocar a los portavoces de la oposición a rondas de diálogo para analizar la situación general del país. ¿Para qué pusieron si no iban a cumplir o es que, como en todo, las normas se hicieron solo para imponer y controlar al resto? Si todo anduviera bien, no hay para qué asustarse frente a consultas populares ni comicios ni ver fantasmas de desestabilización cuando tienen que respetarse los períodos constitucionales.

mrivadeneira@elcomercio.org