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5 de April de 2014 00:02

A sí se llama una de las obras de Gabriel García Márquez que transcurre durante esas horas densas antes de que sobrevenga la desgracia. Pero la mala hora de la que se trata ahora es la que le ha sobrevenido a la Organización de Estados Americanos y a su Comisión de Derechos Humanos. Ambas arrinconadas y humilladas.

La OEA tiene dos organismos, la Comisión que investiga las denuncias de violaciones a los derechos humanos que son imputadas a los Estados y la Corte que determina si los Estados han cometido las violaciones denunciadas. Son, por tanto, organismos que investigan y juzgan a los Estados. La mala hora se ha iniciado desde que los Estados son los que juzgan a sus juzgadores. Primero se retiró de la Convención Venezuela, alegando que "no puede pretender excluir, desconocer, ni sustituir el ordenamiento constitucional de los Estados parte". Después Colombia decide no acatar las medidas cautelares dictadas por la CIDH a favor del alcalde Gustavo Petro alegando que sus recomendaciones no son obligatorias y que el sistema judicial de Colombia funciona con eficacia. Más adelante se suma Ecuador con la declaratoria de que no aceptará las medidas cautelares dictadas a favor del asambleísta Cléver Jiménez porque la Comisión no tiene esas facultades.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado que reconoce derechos universales como el derecho a la vida, la seguridad, la libertad de expresión y los protege mediante los dos organismos. Se entendía que era un tratado supraconstitucional, y ahora resulta que los Estados estarán por encima de los derechos humanos, ellos decidirán cuándo han sido violados y cuándo no. Es un retroceso histórico preocupante y dará paso a gobiernos más propensos al abuso del poder.

El caso de Venezuela ilustra, tristemente, lo que puede suceder con este tipo de decisiones. Después de tantos muertos y heridos; después de acusar de cuatro delitos al líder opositor Leopoldo López, apresado hace un mes; después de someter a procesos judiciales a 23 de los 76 alcaldes opositores; el gobierno de Nicolás Maduro, presionado por la Iglesia, ha tenido que crear un Consejo Nacional de Derechos Humanos para "coordinación, apoyo e impulso de las políticas públicas estadales dirigidas a garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos". El mismo día de su creación, la Mesa de la Unidad Democrática denuncia "nuevas prácticas del Gobierno, cuyas fuerzas de seguridad, actúan confabuladas con paramilitares e individuos violentos". Esas nuevas prácticas son bandas de encapuchados que desnudan en las calles a los estudiantes que protestan.

El cabildeo de gobiernos autoritarios, el silencio de los cobardes y la conveniencia de los intereses, han iniciado la mala hora para los ciudadanos del continente que ya no tienen a quién reclamar cuando son víctimas de jueces subordinados.