Muy mal se manejó el tema de la Ley de Aguas. Tan mal que el enredo legal resulta insoluble. Tanto que la votación sobre las potenciales consultas previas, además de tardías y politizadas, convertidas en táctica desesperada, no tuvieron la votación para su habilitación jurídica. Tan mal se hicieron las cosas que el presidente de la Legislatura ‘clausuró’ la sesión, que se convocó exclusivamente para votar el proyecto, y dejó al proyecto’ en el limbo.
Los legisladores “olvidaron” la sentencia de la Corte Constitucional del 18 de marzo y, entre sustos y precipitaciones, la “descubrieron” cuando la oposición indígena llegó a su plenitud, y cuando los temas de fondo estaban gravemente politizados. Según el Art. 57, Nº 17 de la Constitución, la consulta debe ser, necesariamente, anterior al trámite de la Ley, por tanto, si la sentencia de la Corte Constitucional “cayó” en medio del proceso, lo que correspondía responsablemente era suspender de inmediato el trámite hasta resolver el asunto. ¿Por qué no se lo hizo? ¿No conocían la sentencia, no la leyeron? ¿Olvidaron lo que dice la Constitución? “La ignorancia de la ley no excusa a persona alguna”.
Más allá del lío jurídico, que ya se advirtió hace semanas en esta columna, lo grave es que un asunto tan delicado como el del agua quedó irremediablemente envenenado. Lo grave es que en la sociedad rural quedó planteado un enfrentamiento que, alentado por la politización, ha encendido toda suerte de cálculos, envidias de vecindario y estrategias para aplicar la teoría de que el “agua ya es de todos”, es decir, a la ley -sea cual fuere- le reemplazará el arranche, la viveza, la bravata, el palanqueo con el político del pueblo y demás conductas por el estilo.
Quedó muy golpeado, casi muerto, el consenso como forma civilizada de resolver las disputas. ¿Consenso entre piedras y bloqueos? Quedó mal parado el principio de autoridad, pues hasta se llegó a “intercambiar prisioneros”: policías por comuneros. Quedó comprometida la democracia representativa e inaugurado un peligroso régimen de “democracia tumultuaria”, donde prevalece el más bravo, el que más árboles tumba y más piedras lanza. Ya veremos como, inaugurado el síndrome de las consultas previas, toda ley que interese cambiar a gusto de los revoltosos, sufrirá consulta previa, y llegaremos así a un régimen de minorías activistas y no de ciudadanos.
Se inauguró el “derecho a la resistencia” que los asambleístas de Montecristi, en increíble acto de disparate y demagogia, incluyeron en el Art. 98 de la Constitución: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público’ que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”. (¡!) Increíble, pero cierto.