Marco Arauz

Mafiosos…

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15 de April de 2012 00:00

Altos funcionarios de la llamada revolución ciudadana, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, califican a los medios de comunicación privados como mafias. Con seguridad no hay en el país un juez dispuesto a condenar a los autores de esta y otras innumerables injurias desde el poder, como sí lo hizo en cambio la recién estrenada Corte de Justicia contra El Universo y como sucede con el juicio contra los autores de ‘El gran hermano’, para salvaguardar el honor del ciudadano-presidente.

Que la justicia no garantice igualdad de condiciones para todos y que el poder sea incoherente cuando se trata de usarla en su favor, es moneda corriente en el Ecuador y en otros países que van de bandazo en bandazo en la reinvención de la institucionalidad.

Lo novedoso y lo grave es que se sigan impulsando acciones políticas como la de esta semana en la Asamblea, para aprobar a como dé lugar una ley de medios, con base en la supuesta necesidad de frenar al peor enemigo: los medios privados. En esa tónica, al titular del Legislativo no le importa reconocer que de lo que se trata es de abrir la puerta para que el Ejecutivo haga lo que a bien tenga con la Ley.

Mafias son organizaciones clandestinas de criminales que emplean la violencia, la intimidación y el chantaje para conseguir sus objetivos ilícitos. Frente a los verdaderos mafiosos, a los que están acrecentando su presencia en el Ecuador como parte del narcotráfico global, el Gobierno en cambio no es tan efusivo.

Por eso minimiza lo mencionado insistentemente en informes militares y que altos funcionarios reconocen en privado: el mapa regional de la droga ha cambiado y el país se volvió un corredor ideal para su transporte, pero también ofrece facilidades para el lavado y para que los capos hagan negocios. Eso sin contar con que cada vez más cantidad de droga se queda, lo cual genera delitos asociados con su reparto y consumo.

El Ministro del Interior menciona un plan para combatir el microtráfico, pero la verdad es que mientras la producción, el tráfico y el consumo estén al otro lado de la ley, se necesitarán grandes esfuerzos para que el país no siga viviendo sus secuelas. Se supone que fue uno de los temas que motivó la consulta de hace un año, bajo la promesa de un cambio que permitirá mejorar exponencialmente la seguridad ciudadana.

Pero lo prioritario es lo prioritario. Para muestra, en el Código Integral Penal que también se debate en la Asamblea, según la legisladora María Paula Romo, se tipifican nada menos que 14 delitos contra la honra, así como artículos con sanciones penales a medios de comunicación, y la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo la posibilidad de un cierre de hasta cinco años como medida cautelar, es decir en la fase investigativa. ¿Y la lucha contra los verdaderos mafiosos? Seguramente puede esperar.