Walter Spurrier

Al fin, ¿luz verde?

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Walter Spurrier
wspurrier@elcomercio.org

Cinco meses después de anunciadas, y con dos años y medio de retardo, se dan las reformas legales que reconoció el Presidente como necesarias para viabilizar la gran minería.

A principios de 2012, el Gobierno dispuso que los contratos mineros incluyeran un ajuste soberano para que el Estado sea el exclusivo beneficiario de los ingresos extraordinarios de la gran minería. Una posición muy dura, coherente con el objetivo de maximizar el ingreso para el Estado.

Kinross, que estaba lista a entrar en la explotación de Fruta del Norte, el más rico yacimiento aurífero del mundo que aún no se explota, calculó que la participación estatal sería el 52% del valor de la producción, lo consideró excesivo y anunció que no firmaba el contrato y abandonaba el país.

Antes el Estado había firmado el contrato de explotación del gran yacimiento cuprífero Mirador con Ecuacorriente, un consorcio de empresas estatales chinas. Según el cronograma, para estas fechas debía iniciarse la exportación de mineral de hierro por Puerto Bolívar. Pero los avances en el desarrollo han sido mínimos, presumiblemente por los mismos motivos aludidos por Kinross.

De marzo del 2012 a octubre del 2014, el precio del oro ha caído 30% y del cobre 20%, con lo que se reduce el valor de las minas para las contratistas.

Bastó reformar reglamentos mediante Decreto Ejecutivo (nro. 475 de octubre 27). Los cambios se dan en las fórmulas para calcular el ajuste soberano. De una rápida lectura se desprende que se pone tope al ajuste soberano para que la renta estatal no pase del 50%. En los costos de capital de los contratistas se reconoce un interés equivalente al rendimiento de los bonos de la deuda externa, hoy por sobre 7,5%.

Los ajustes al cálculo se habrían acordado con la parte interesada en comprar los derechos de Kinross, puesto que el martes 21, días antes del anuncio de las reformas, el grupo sueco Lundin, cuyos negocios mineros están incorporados en Canadá, anunció que una de sus empresas cambiaba de nombre a LundinGold y compraría los derechos de Kinross en USD 240 millones, lo que se concretaría de firmarse un acuerdo bilateral con el Gobierno ecuatoriano, lo que está previsto para mediados de diciembre.

Kinross acusó una fuerte pérdida, pues lo que pagó en la absorción de Aurelian, la titular de los derechos, más lo que invirtió posteriormente suma más de USD 1 000 millones. Como los costos están en libros, presumiblemente Lundin tendrá derecho a recuperarlos.

La decisión de Lundin genera expectativas en la comunidad minera internacional, y aumenta el interés por pequeñas compañías mineras que tienen derechos sobreprometedores prospectos exploratorios. En síntesis, la reforma dictada por el Gobierno puede reactivar la exploración minera paralizada desde 2008.